Sucre, 29 de octubre (ANV).- El dirigente de la Confederación de Chóferes de Bolivia, Luis Gómez, rechazó la Ley N° 1657 promulgada el 27 de octubre por el presidente Luis Alberto Arce Catacora, que autoriza la importación directa de combustibles por el sector privado durante tres meses en situación de emergencia, calificándola como un «gasolinazo disimulado» y anunciando que aplicarán nivelación de tarifas en todo el transporte si se establecen precios diferenciados, mientras el gobierno sostiene que la norma busca superar el desabastecimiento coyuntural facilitando importaciones privadas bajo control estatal.
Rechazo del sector transporte
Gómez cuestionó duramente la intención de la norma: «Nos están induciendo así pero disimuladamente, estratégicamente, que el transporte, la población boliviana pueda aceptar el gasolinazo terrible que lo están haciendo en este momento». El dirigente informó que la Confederación ratificó institucionalmente su posición contra la medida.
El representante del transporte señaló que han comunicado su postura tanto al presidente saliente como al entrante, indicando que no trabajarán con «esa ley corta que llaman ellos por 90 días» porque buscan garantizar el diésel «como está el precio actual». Gómez criticó que la norma libere impuestos y aranceles, cuestionando el trabajo de los parlamentarios salientes.
El dirigente advirtió sobre las consecuencias: «Esta norma va a traer conflicto en el país, va a traer fricciones internas en los sectores sociales en el país». Gómez fue categórico al anunciar que «una vez que nos suban los precios diferenciados vamos a aplicar la nivelación de tarifas en transporte urbano, en transporte interprovincial, en transporte interdepartamental de carga y de pasajero internacional».
El representante sectorial alertó que esto significará que «todos los costos de operación del transporte, de la población y la canasta familiar de manera general otra vez va a elevarse» dijo, cuestionando si las autoridades están viendo «la magnitud que va a generar esta ley».
Crisis de desabastecimiento en Chuquisaca
Gómez describió la situación crítica en el departamento, informando que desde el sábado no han llegado cisternas y que ayer solo llegaron tres con aproximadamente 100.000 litros. Pese a que les informaron que había 30 cisternas en camino, hasta el momento de la entrevista no había llegado ninguna a la ciudad.
El dirigente relató las consecuencias del desabastecimiento: nuevamente hay filas, choferes durmiendo en los surtidores, calles vacías, gente protestando y estudiantes llegando tarde a sus destinos por falta de transporte. Señaló que la situación no solo afecta a Chuquisaca sino también al eje central del país.
Gómez expresó frustración con las autoridades departamentales de YPFB y la ANH, señalando que «no responden, lamentablemente se esconden, se escapan». El dirigente manifestó que con la nueva ley «no se va a solucionar ningún problema».
A nivel nacional, el representante del transporte indicó que aproximadamente el 50% de las unidades están paradas en surtidores o guardadas porque «no rinde, no alcanza para pagar a los bancos», llevando a muchos transportistas a dedicarse a otros rubros como el comercio.
Contenido de la Ley N° 1657
La norma promulgada el 27 de octubre establece un régimen excepcional por tres meses para que personas naturales o jurídicas privadas puedan importar diésel y gasolinas para comercialización en el mercado interno. Las estaciones de servicio deberán priorizar la recepción y venta de combustible estatal al precio oficial, pero podrán comprar o importar libremente si YPFB no cubre el 100% de su capacidad.
La ley autoriza precios diferenciados para el combustible importado y libera del Impuesto a la Transferencia (IT) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) estas importaciones. La Agencia Nacional de Hidrocarburos otorgará Licencias Excepcionales de Importación y Despacho Directo en 48 horas hábiles, operando silencio positivo si no hay pronunciamiento.
Las estaciones de servicio podrán comercializar hasta 19.900 litros de diésel importado privadamente. La norma establece control de calidad, tracking GPS en tiempo real de cargamentos, y sanciones por acaparamiento, desvío, adulteración o especulación superior al 10% del precio declarado, incluyendo multas, suspensión de licencias y denuncia penal.
La ley elimina requisitos discrecionales no técnicos, manteniendo solo habilitación sanitaria, especificaciones de calidad, plan de trazabilidad GPS y pólizas de seguro. El margen de utilidad será determinado en régimen de libre competencia.
Posición gubernamental
El presidente Arce señaló en redes sociales que «como Gobierno Nacional, desde el inicio de nuestra gestión y con la finalidad de superar el desabastecimiento coyuntural de combustibles, emitimos diversas normativas destinadas a facilitar su importación». El mandatario indicó que las disposiciones incluyen la autorización al sector privado para importar carburantes «no solo para consumo propio, sino también para su comercialización».
La norma fue impulsada por el Comité pro Santa Cruz y parlamentarios cruceños con el objetivo de asegurar el suministro de diésel y gasolina mediante medidas excepcionales y transitorias, permitiendo importaciones directas del sector privado bajo control estatal en casos de emergencia.
