Cuenta regresiva: Gobierno inicia día 1 de 90 para comenzar a gobernar con su electorado

|| El Gobierno tiene 90 días para cumplir las determinaciones de los trabajadores del país. De otro modo, las protestas podrían retornar en octubre.

La Paz, 23 de junio (ANV).- La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó este martes 23 de junio la inexistencia de puntos de bloqueo por motivos sociales en los nueve departamentos del país, según su mapa de transitabilidad actualizado a las 07:00. El informe oficial detalla únicamente cinco puntos de obstrucción por trabajos de limpieza en Oruro y un sitio de tráfico cerrado en Santa Cruz, sector puente San Miguelito, a causa de una inundación.

El despeje de las rutas se produce luego de 53 días de conflicto, período durante el cual las protestas se extendieron a siete de los nueve departamentos y la ABC llegó a registrar más de 100 puntos de bloqueo en los momentos más críticos. Las medidas de presión, que incluyeron paro y cercos a diversas ciudades, generaron desabastecimiento, pérdidas económicas y paralización de actividades laborales, según reportes de medios locales.

El conflicto se inició el 1 de mayo, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) declaró paro general indefinido. Posteriormente, el 6 de mayo, campesinos de La Paz liderados por el dirigente Vicente Salazar comenzaron los bloqueos con demandas sectoriales, que luego derivaron en la exigencia de la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Cocaleros del Chapare se sumaron posteriormente a las protestas.

El domingo 22 de junio, el expresidente Morales aseguró desde el Trópico de Cochabamba que «nunca» demandaron la renuncia de Paz. No obstante, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, calificó el cuarto intermedio anunciado por las organizaciones del Trópico como un testimonio de la derrota de los manifestantes. «Cuando se aplica la norma (de estado de excepción) se quedan solos los violentos», afirmó Gálvez en declaraciones a RTP.

El punto de inflexión ocurrió el 20 de junio, cuando la COB, liderada por el dirigente Mario Argollo, suscribió un acuerdo con el Gobierno y llamó a la pacificación de las organizaciones campesinas. Horas después, el presidente Paz declaró estado de excepción en todo el territorio nacional para poner fin a los bloqueos, medida que se implementó durante el fin de semana y facilitó el retiro de la mayoría de los manifestantes sin mayor resistencia.

El acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y la COB, denominado «Puntos de acuerdo al planteamiento para la pacificación y la recuperación del país entre el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana», establece compromisos en materia económica, laboral, social e institucional. El documento contempla la conformación de mesas técnicas de trabajo, mecanismos de coordinación permanente y una agenda con plazos definidos para evaluar el cumplimiento de los acuerdos.

Entre los puntos consensuados figuran acciones orientadas a fortalecer la estabilidad económica, proteger el poder adquisitivo de la población y preservar el empleo y la actividad productiva.

Entre los acuerdos, Paz se comprometió a no aplicar normas para penalizar las protestas como el impulsado bajo la denominación «ley antibloqueos».

Además, el gobierno se comprometió a no aceptar créditos del FMI que vengan con condiciones de ajuste económico, además de rechazar cualquier medida de privatización de empresas estatales.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de avanzar en una etapa de reconciliación y diálogo, dejando atrás los escenarios de confrontación que afectaron el desarrollo de actividades económicas y comerciales en distintas regiones. El plazo del gobierno para cumplir las determinaciones de la COB son 90 días, por lo que las protestas podrían retornar en octubre. 

Con la suscripción del acuerdo y el levantamiento total de los bloqueos, el Gobierno y la COB ratificaron su voluntad de priorizar el diálogo como mecanismo para la resolución de diferencias.

El documento establece que los compromisos asumidos serán ejecutados mediante una agenda de trabajo conjunta, con el objetivo de restablecer la normalidad, garantizar el abastecimiento y generar condiciones para la reactivación económica del país.

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