Sucre, 24 de septiembre (ANV).- El delegado defensorial, Humberto Mayorga, informó que en la más reciente sesión de descongestionamiento judicial realizada este lunes en Sucre, cuatro personas privadas de libertad accedieron a beneficios relacionados con su situación procesal.

“En esta última sesión ya han podido acceder a algunos a beneficios y, en el tema de la libertad, cuatro personas”, señaló. Recordó que en la primera sesión se presentaron aproximadamente 28 solicitudes, cuyos casos aún se encuentran en análisis.

Mayorga destacó dos casos de personas con discapacidad auditiva que estaban en detención preventiva y que no habían contado con intérpretes de lengua de señas boliviana en las primeras etapas de su proceso. “Preocupaba que en el proceso de inicio no hayan contado con los intérpretes adecuados para que puedan también asumir defensa”, indicó.

En uno de estos casos, la autoridad judicial determinó otorgar la libertad con el cumplimiento de ciertos requisitos. Según el delegado, instituciones se reunirán para garantizar que la persona beneficiada cuente con un domicilio fijo y condiciones básicas para cumplir con lo dispuesto por la ley.

Mayorga subrayó que la revisión de procesos debe convertirse en una práctica constante. “No debemos estar a la suerte de iniciativas institucionales, esta debe ser una práctica constante, la revisión y el monitoreo de los procesos judiciales para que podamos tener el debido proceso en respeto de todos los sujetos procesales”, afirmó.

El delegado también resaltó la necesidad de intérpretes acreditados en los procesos judiciales, especialmente en casos relacionados con delitos de agresión sexual. “La situación de los intérpretes es clave y fundamental para que ellos también conozcan su situación jurídica”, agregó.

En este contexto, recordó que la Cámara de Senadores aprobó recientemente un proyecto de ley que reconoce la lengua de señas boliviana como idioma oficial del Estado, en coincidencia con la Semana Internacional de la Persona Sorda. Expresó su expectativa de que la Cámara de Diputados lo apruebe en los próximos días, lo que permitirá “la implementación de políticas públicas en el ámbito educativo, laboral y de justicia”.

Finalmente, señaló que se ha solicitado al Tribunal Departamental de Justicia un cronograma de actividades para acompañar no solo los procesos en el establecimiento penitenciario de Sucre, sino también en las carceleras del departamento.