Sucre, 3 de julio (ANV).— El presidente del Concejo Municipal, Rodolfo Avilés, declaró en rueda de prensa su “indignación” ante los recientes casos de presunta corrupción que afectan a altos funcionarios del gobierno y miembros del Poder Judicial, y exigió una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público. A su juicio, se ha configurado un “grupo criminal” al mando del Estado.
Avilés se refirió específicamente al “Caso Consorcio”, que implica al exministro de Justicia y a magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, mencionó una publicación de un medio argentino que revela una transferencia de 30.000 USD desde la esposa del presidente Luis Arce hacia el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Juan Carlos Taurichi, días antes de una resolución que inhabilitó al partido PAN-BOL. “Aquí tenemos la documentación donde podemos comprobar este hecho ilícito”, afirmó. Avilés instó al Ministerio Público a abrir una investigación objetiva que incluya el arraigo de los involucrados, para garantizar que “no escapen del país” y rindan cuentas ante la justicia y la ciudadanía.
Orlando Ceballos, abogado de Evo Morales consolidó esta postura, sosteniendo que el país enfrenta un debilitamiento institucional y acusando al actual gobierno de operar de manera autocrática y corrupta. Ceballos apuntó a diversos altos cargos, incluyendo jueces y fiscales, y calificó al Estado de derecho como “liquidado”. Enfatizó que este escenario exige que los medios de comunicación actúen como último bastión moral para exponer la magnitud de la situación.
Mauricio Pinaya, también vinculado al entorno de Evo Morales, advirtió sobre la protesta ciudadana en curso. Citó las palabras del representante Marcelino Flores que señalaba que “en Bolivia no va a haber elecciones porque será tanta nuestra molestia…”, en referencia a la anulación de candidaturas de partidos como el Frente para la Victoria y PAN-BOL. Pinaya advirtió que una parte de la ciudadanía rechaza las opciones políticas disponibles, acusando al oficialismo de querer controlar el voto y “vender los recursos naturales del país”. Conminó al fiscal general a actuar “porque tenemos dignidad para mirarlo a la cara”.
Los opositores demandan que el Ministerio Público cumpla con su rol constitucional y emprenda acciones legales concretas, incluida la solicitud de arraigo para los acusados, para recuperar la confianza en las instituciones y evitar que continúe la “próspera proscripción política” que denuncian.
