Sucre, 2 de julio (ANV).- Choferes asalariados de Cochabamba denunciaron este miércoles que la falta de provisión de diésel persiste en la región, lo que les impide realizar sus viajes con normalidad y afecta directamente sus ingresos. Los transportistas señalaron que, pese a los anuncios oficiales sobre la normalización del abastecimiento, las largas filas en los surtidores continúan y ya no pueden atribuirse a los bloqueos que afectaron al país durante 53 días.

“Qué salario vamos a llevar a la familia si no estamos viajando”, cuestionaron los conductores, al señalar que el perjuicio alcanza también a los empresarios del transporte. Además, expresaron preocupación por la liberación de importaciones de combustible y advirtieron que “todo se va a ir disparando, va a subir de precio”, en referencia a un eventual impacto inflacionario.

El dirigente del transporte federado, Bismark Daza, lamentó que las filas por combustible continúen y señaló que el sector ya estuvo “secuestrado” por más de 50 días, por lo que exigió al Gobierno nacional tomar cartas en el asunto. “De 10 flotas solo 3 salen al exterior, cuestionamos que en Santa Cruz falte el combustible si aquí no hubo bloqueos”, afirmó, al pedir una solución inmediata al abastecimiento.

Daza aseguró que la economía del transporte está quebrada y que las pérdidas fueron millonarias. Según el dirigente, el problema del diésel sigue afectando las salidas al exterior y reduciendo la capacidad de trabajo del sector. Los choferes asalariados reclamaron que, tras haber sido víctimas de los bloqueos durante más de 50 días, ahora enfrentan una nueva situación que les impide generar ingresos.

En un hecho paralelo, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispuso la detención domiciliaria, arraigo y la presentación de dos garantes personales para el exgerente de Industrialización y Productos Derivados de YPFB, Carlos Alfredo Cuéllar, investigado en el denominado caso “Gasolina Basura”. Con esta determinación, Cuéllar dejó el penal de Palmasola tras permanecer menos de 30 días privado de libertad.

Cuéllar fue imputado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en el marco de las investigaciones por la gasolina desestabilizada que dañó a miles de vehículos en Bolivia. La Justicia había determinado el 6 de junio la detención preventiva de Cuéllar por un plazo de seis meses en el penal de Palmasola, pero la Sala Penal revocó esa medida y dispuso su liberación con condiciones menos gravosas.