Sucre, 2 de julio (ANV).- La Fiscalía General del Estado determinó tramitar una solicitud de cooperación judicial internacional dirigida a España, presentada por el gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón Salguero, en el marco de una investigación sobre presuntos hechos de corrupción que habrían afectado a Bolivia y que estarían relacionados con el denominado «caso Zapatero». La resolución, emitida el 30 de junio por el fiscal general Roger Mariaca Montenegro, dispone que el requerimiento sea remitido a la Unidad de Asuntos Internacionales para su procesamiento.
El documento oficial, precisa que Ayllón formuló la petición en su calidad de gobernador y como representante de una de las entidades copropietarias de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa). La Fiscalía fundamentó la decisión en el artículo 148 del Código de Procedimiento Penal, que permite coordinar investigaciones internacionales, y señaló que la solicitud se canalizará mediante los mecanismos de cooperación previstos por la legislación vigente.
La iniciativa del gobernador Ayllón surge después de que se hiciera público un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España, que vincula al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero con el cobro de 200.000 euros por presuntas gestiones de intermediación ante altas autoridades del Gobierno boliviano en favor del Grupo Gloria y su filial Soboce .
Según la investigación española, esas gestiones habrían tenido como objetivo influir en un litigio millonario que la empresa peruana mantenía con la cementera estatal chuquisaqueña.
El conflicto entre Soboce y Fancesa se remonta a 2010 y se ha desarrollado en múltiples instancias judiciales. El 4 de febrero de 2025, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia ratificó una condena contra Soboce que la obligaba a pagar a Fancesa la suma de 744.315.432 bolivianos por competencia desleal.
Sin embargo, el 30 de mayo de 2025, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declaró procedente un recurso de amparo de Soboce y dejó sin efecto temporalmente esa sentencia.
El pasado 26 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia emitió el Auto Supremo 1190/2026, mediante el cual declaró infundado el recurso de casación de Soboce y ratificó el fallo que ordena el pago a Fancesa, considerando que «las acusaciones expuestas en el recurso de casación no resultan evidentes».
Soboce, por su parte, expresó su «formal y profunda disconformidad» con la decisión y anunció que activará nuevas acciones legales en todas las instancias disponibles.
La revelación de los presuntos vínculos entre las gestiones de Rodríguez Zapatero y el fallo judicial que benefició temporalmente a Soboce abrió un intenso debate político y jurídico en Bolivia, con múltiples interrogantes sobre una eventual influencia externa en un litigio de alto impacto económico para el departamento de Chuquisaca.
El gobernador Ayllón, además de impulsar la cooperación internacional, ha solicitado públicamente que se revoque el fallo emitido en La Paz y que los vocales responsables sean sometidos a una auditoría por parte del Consejo de la Magistratura.
