Al menos tres artículos del Código Penal Boliviano y el Decreto Supremo 2888 ya establecen sanciones penales para quienes bloqueen caminos o porten explosivos en protestas, revela un análisis de la normativa vigente. Este marco legal cobra relevancia mientras la Asamblea Legislativa prioriza la aprobación de una «ley antibloqueos», iniciativa que ha generado el rechazo frontal de la Central Obrera Boliviana (COB) y llevó al diputado proyectista, Carlos Alarcón (Unidad), a proponer que la norma sea sometida a un referéndum o consulta popular antes de su promulgación.
La COB, a través de su ejecutivo Mario Argollo, se declaró en estado de emergencia y advirtió con retomar medidas de presión si avanza la ley. Ante esta advertencia, Alarcón respondió que no es necesario llegar a «extremos de violencia» y reiteró su propuesta de consulta ciudadana. «Antes de la promulgación… se podría convocar a un referéndum para que el pueblo soberano… defina si acepta o rechaza esta ley», planteó el legislador.
Las normas vigentes ya contemplan sanciones. El Artículo 213 del Código Penal sanciona con reclusión de uno a cuatro años a quien impida o perturbe la seguridad de los transportes públicos. El Artículo 211 castiga con la misma pena a quien utilice explosivos para crear un peligro común. El Artículo 214 establece cárcel de uno a seis años por atentar contra el funcionamiento de servicios públicos como agua, luz o energía, figura aplicable tras la toma de una planta de YPFB en Santa Cruz. A esto se suma el DS 2888 de 2016, que prohíbe explícitamente el uso de explosivos en manifestaciones.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, reafirmó el respaldo del gobierno al proyecto. «La posición nuestra es clara: no podemos apoyar los bloqueos definitivamente; si no apoyamos los bloqueos, apoyamos la norma antibloqueos», declaró. En el Parlamento, existen varias propuestas en discusión. En la Cámara de Diputados, además de la de Alarcón, hay proyectos de los diputados Israel Mérida (Libre) y Luis Laredo (Unidad). El tercer secretario de la Directiva Camaral, José Maldonado, subrayó que todas se encuentran en comisión y que es necesario unificar criterios en un solo proyecto, advirtiendo que el tema «puede convertirse fácilmente en un conflicto social». En el Senado, una comisión integral sesionará este miércoles para analizar la iniciativa.
