Sucre, 6 de julio (ANV).- Un conflicto de gran magnitud se ha desatado en la unidad educativa Eduardo Sempertegui en la localidad de Yamparaez, donde los padres de familia, representados por la presidenta de la Junta Escolar, exigen la destitución de la profesora de Artes Plásticas y Visuales, Lidia Saavedra, acusándola de maltrato psicológico y de reprobar injustamente a los alumnos.
Por su parte, la abogada defensora de la maestra, Virginia Flores, y la propia docente afectada sostienen que la educadora es víctima de una campaña de desprestigio, acoso laboral y agresiones verbales por parte de un estudiante de la promoción de 20 años de edad, situación que se habría originado luego de que Saavedra observara y cuestionara la legalidad de un viaje de promoción no programado en el Plan Operativo Anual (POA).
El origen de la disputa se remonta a la planificación de un viaje de la promoción hacia la localidad de Ravelo. Según relató la profesora Lidia Saavedra, ella y otro colega, a pesar de ser asesores de curso, fueron excluidos de la organización por parte de la directora del establecimiento, Alejandra Martínez, y otras dos maestras.
Al enterarse de la actividad en una reunión, Saavedra cuestionó la viabilidad del viaje debido a que no estaba contemplado en el POA y recordó que este tipo de traslados se encontraban prohibidos por normativas ministeriales debido a previos accidentes.
Tras manifestar su oposición y negarse a asistir, la docente denunció haber sido increpada en los pasillos por un estudiante de la promoción, identificado como «Wilber», quien presuntamente se dirigió a ella con insultos y ademanes agresivos. «Ahora profesora, ¿por qué está con cara de Mierda?»
La versión de la Junta de Padres de Familia, expuesta por su presidenta, difiere sustancialmente. Los padres aseguran que la maestra ha tomado represalias generalizadas contra los estudiantes de diversos cursos, afectando sus calificaciones y su bienestar emocional. José Luis Apaza, hermano del estudiante involucrado —de quien aclaró tiene 18 años y no 20—, manifestó que su familiar sufre de violencia psicológica por parte de la profesora, al punto de haber sido expulsado del aula y de no querer continuar con sus estudios.
La dirigencia de los padres de familia formalizó la solicitud de cambio de la docente mediante votos resolutivos y marchas de protesta que llegaron hasta la ciudad de Sucre, advirtiendo que, de no obtener una respuesta favorable por parte de la Dirección Departamental de Educación, procederán al cierre de la unidad educativa.
En el ámbito legal y administrativo, la abogada Virginia Flores asumió la defensa de la profesora Saavedra, argumentando que su defendida goza de inamovilidad docente y que no ha incurrido en ninguna falta grave o muy grave que justifique su remoción.
Flores enfatizó que la maestra es quien se encuentra afectada física y psicológicamente, habiendo sido internada en un centro de salud de Yamparaez debido al estrés provocado por la situación. Asimismo, la defensa acusa a la dirección del colegio, al sindicato y a las comisiones internas de confabular junto a los padres de familia para forzar la salida de la profesora con el fin de despojarla de su cargo.
La profesora Saavedra describió el ambiente de trabajo actual como insostenible, señalando que existe un grupo de poder dentro del establecimiento que busca perjudicarla. «Realmente me siento muy afectada muy afectada realmente, yo pido porque ya es un martirio es un infierno trabajar allá», declaró la docente, quien además expresó temor por su integridad física al haber recibido presuntas amenazas fuera del colegio.
Por su parte, la representación de los padres de familia insiste en que se agotaron las instancias de conciliación y que la permanencia de la educadora daña el desarrollo pedagógico de los menores. «Nuestra petición no es hacer botar, nosotros pedimos un cambio, un cambio, queremos un una maestra con ética profesional», aseveró la presidenta de la Junta de Padres de Familia, justificando las movilizaciones y las medidas de presión anunciadas por la comunidad escolar.
El caso se encuentra actualmente bajo el conocimiento de la Dirección Departamental de Educación, instancia que deberá determinar las acciones correspondientes ante el proceso disciplinario iniciado.
