Sucre, 24 de junio (ANV).- Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España, incorporado a la causa Plus Ultra que se sigue en la Audiencia Nacional, sostiene que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero cobró 200.000 euros por realizar gestiones ante altas autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia en favor del Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano que mantenía un litigio millonario con la Fábrica Nacional de Cemento (FANCESA).

El informe, fechado el 22 de junio y entregado al juez José Luis Calama, señala que los pagos se canalizaron a través de un contrato de asesoría con la sociedad peruana Focus Social Research SAC, dedicada a estudios de mercado, que la UDEF califica como una «sociedad interpuesta» utilizada para simular servicios no prestados. La investigación indica que las gestiones reales del expresidente no guardaban relación con las actividades de esa mercantil, sino con los intereses del Grupo Gloria y su filial cementera, la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE).

Según la reconstrucción de la UDEF, el conflicto central que motivó la intermediación se remonta a 2011, cuando FANCESA denunció a SOBOCE por actos de competencia desleal. Tras sucesivas sentencias desfavorables, el 4 de febrero de 2025, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ratificó una condena que obligaba a SOBOCE al pago de una indemnización de aproximadamente 107 millones de dólares a favor de FANCESA.

El informe detalla que la operación se fraguó a partir de mayo de 2024, cuando la exembajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras Camargo, actual asesora de la consultora Kreab Bolivia, se reunió con Zapatero en su oficina de la calle Ferraz en Madrid. La secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar Jiménez, a quien la Policía otorga un «papel relevante», intercambió borradores del contrato con Almendras y posteriormente con Ana María Ospina Ospina, directora de Asuntos Corporativos del Grupo Gloria, quien proporcionó la versión definitiva del documento.

El contrato, firmado el 10 de mayo de 2024, establecía unos honorarios de 200.000 euros pagaderos en tres plazos, además de una dieta de 10.000 euros diarios en caso de viajes y el abono de todos los gastos de desplazamiento en clase business. Según el informe, la primera transferencia de 100.000 euros se abonó el 2 de julio de 2024, y las dos restantes, de 50.000 euros cada una, se realizaron el 20 y el 24 de junio de 2025, completando el total pactado.

La UDEF sostiene que, tras la firma del contrato, Zapatero desplegó una intensa agenda de contactos con el Gobierno boliviano. En septiembre de 2024, viajó a Bolivia y se reunió con el entonces presidente, Luis Alberto Arce Catacora, y con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro Gómez García, en la Casa Grande del Pueblo de La Paz. La investigación incluye mensajes de WhatsApp que evidencian la coordinación de estos encuentros con la ministra de la Presidencia, María Nela Prada Tejada, y con la jefa de Gabinete presidencial, Fabiola Consuelo Salazar Calle.

El informe revela una comunicación del 4 de mayo de 2025 en la que Zapatero instruye a su secretaria: «Hay que intentar hablar con el presidente de Bolivia», llamada que se materializó ese mismo día. Posteriormente, Alcázar solicitó a la jefa de Gabinete de Arce el contacto del procurador general del Estado, Ricardo Condori Tola, máxima autoridad en arbitrajes internacionales, para que el expresidente pudiera comunicarse con él.

La UDEF señala que las gestiones culminaron el 30 de mayo de 2025, cuando la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declaró procedente un recurso de amparo presentado por SOBOCE y dejó sin efecto, de forma temporal, la sentencia que ordenaba el pago de los 107 millones de dólares a FANCESA. El asunto fue remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia, que deberá emitir un fallo definitivo confirmando o revocando el amparo.

Las transferencias de los 50.000 euros restantes se realizaron en junio de 2025, semanas después de la resolución judicial favorable a SOBOCE, según consta en el informe policial. Los investigadores concluyen que la «concatenación de hechos acreditados» permite inferir la existencia de una «dinámica de intermediación e influencias» orientada a beneficiar al Grupo Gloria a través de un «contrato simulado con una sociedad interpuesta».

La UDEF, en su informe, atribuye a Rodríguez Zapatero el liderazgo de una organización criminal «que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes». El entorno del exmandatario ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que los pagos correspondieron a servicios profesionales legítimos de asesoramiento.