La Sala Constitucional Primera de Santa Cruz concedió una acción de tutela a favor del ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, y su hermano, ordenando al vicepresidente Edmand Lara eliminar publicaciones en las que los vinculaba con un cargamento de madera impregnada de cocaína incautado en Chile y sugería una posible relación con el asesinato de Mauricio Aramayo. El fallo, que considera vulnerados los derechos a la privacidad y reputación, impone además la creación de un protocolo de emisión de información en la Vicepresidencia.

La resolución judicial se origina en declaraciones realizadas por Lara en un video de su cuenta de TikTok, reproducido por el medio Raíces Informativas Bolivia. En dicho material, el vicepresidente señaló: “Muchos vinculan que ese cargamento le pertenecería al ministro Oscar Mario Justiniano, porque –según se maneja en redes sociales- el ministro y su hermano se dedican a la exportación de madera”.

En el mismo video, Lara también mencionó que el ministro “tendría que ver en el asesinato de Mauricio Aramayo”, amigo cercano del presidente Rodrigo Paz, aunque en ambos casos atribuyó las acusaciones a versiones que circulan en redes sociales.

El tribunal consideró que estas declaraciones vulneraron los derechos fundamentales de los accionados y estableció cinco obligaciones concretas para Lara y la Vicepresidencia: 1) Eliminar las publicaciones que contenían dichas declaraciones; 2) Abrir una vía para que los afectados reclamen daño moral fuera de la jurisdicción constitucional; 3) Oficiar a las plataformas digitales para la eliminación de las cuentas donde se difundió el contenido; 4) Implementar un protocolo interno para la emisión de información y declaraciones de sus funcionarios; 5) Exhortar a la Asamblea Legislativa a crear un protocolo similar para sus integrantes.

El fallo subraya la responsabilidad de las altas autoridades públicas al emitir declaraciones y establece un precedente sobre la necesidad de mecanismos institucionales que prevengan la difusión de información no verificada que afecte derechos fundamentales. Hasta el momento, no ha existido una declaración oficial de la Vicepresidencia sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales.