El responsable político de Nueva República, Horacio Poppe, informó que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de anular la personería jurídica de Acción Democrática Nacionalista (ADN), lo que conlleva su inhabilitación para las elecciones municipales de Sucre en 2026.

Según Poppe, la medida constituye una vulneración de sus derechos políticos fundamentales, un argumento que sitúa nuevamente el debate del «derecho a ser elegido» en el centro de la escena jurídica boliviana, bajo una lógica similar a la utilizada en su momento por el expresidente Evo Morales ante el Sistema Interamericano para defender su postulación.

La determinación de la Sala Plena del TSE de cancelar la sigla de ADN, debido a que no alcanzó el umbral mínimo de votos en el último proceso electoral, ha dejado fuera de la carrera por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (GAMS) a Poppe y a su equipo de Nueva República.

El equipo jurídico de la agrupación ciudadana sostiene que esta acción imposibilita el ejercicio del derecho al sufragio pasivo (el derecho a ser elegido) de los candidatos y del proyecto político que encabezan, vulnerando tratados internacionales de derechos humanos.

Esta estrategia legal de recurrir a la CIDH establece un vínculo directo con el precedente sentado por la defensa de Evo Morales en años anteriores. Mientras que Morales invocó el Artículo 23 de la Convención Americana para justificar la reelección indefinida como un derecho humano, Poppe ahora busca que el mismo organismo evalúe si las restricciones administrativas del sistema electoral boliviano —como el umbral del 3%— pueden suprimir de forma legítima el derecho de un ciudadano a competir en los comicios.

El vocero de Nueva República cuestionó la transparencia del proceso judicial interno tras el rechazo de un amparo constitucional en Chuquisaca. “Llaman la atención los argumentos de los vocales de la Sala Constitucional Segunda de Chuquisaca para la no admisión del recurso de amparo”, manifestó Poppe a un medio local, sugiriendo que existen irregularidades en la interpretación de las normas vigentes.

Finalmente, el dirigente político no descartó que la resolución que impide su participación en las elecciones subnacionales de marzo de 2026 tenga trasfondos ajenos a lo estrictamente jurídico.