Sucre, 16 de enero, (ANV)– La delegada de la Comisión Internacional para la Protección y Ejecución de los Derechos Humanos, Alejandra Sanabria, arribó a la ciudad de Sucre para intervenir en el caso de la señora Herminia, una paciente con cáncer terminal que fue desalojada de su vivienda mediante el uso de la fuerza pública. Sanabria condenó enérgicamente los hechos, calificándolos como “atropellos atroces que se han cometido por la fuerza pública”, y advirtió que los derechos de los sectores vulnerables gozan de una protección especial que fue ignorada en este operativo.
La intervención internacional fue gestionada por la Dra. Fanny Apaza, presidenta de la Fundación de Lucha contra el Cáncer y propietaria de la Clínica Camino Real, quien goza de la confianza de dicha entidad y apoyó en toda la situación a la afectada, además de denunciar la gravedad del caso tras la difusión de imágenes en redes sociales y medios de comunicación. Sanabria enfatizó que su presencia busca garantizar que se puedan “revocar las decisiones que se han tomado contra este caso”, recordando que los tratados internacionales sobre derechos fundamentales son de “preferente aplicación” y poseen un carácter supraconstitucional en el ordenamiento jurídico boliviano.
Además del conflicto por el inmueble, la defensa confirmó que se iniciaron procesos penales por las agresiones físicas registradas durante el desapoderamiento. Según informaron, se están tomando acciones legales por las “lesiones graves y gravísimas que recibió uno de los médicos de la fundación” durante el incidente. El equipo jurídico presentará los certificados médico-forenses correspondientes para determinar la magnitud de las lesiones y establecer responsabilidades penales contra los agresores.
La agenda de las representantes incluye visitas a la Fiscalía y al juzgado de la causa para exigir garantías de seguridad y la restitución inmediata de los derechos vulnerados. La Dra. Apaza y la delegada Sanabria recalcaron que el Estado debe cumplir su rol como “principal protector de los derechos humanos”, instando a las autoridades judiciales a fallar en favor de quienes se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad por su estado de salud y edad avanzada.
