«Paz quiere gobernar desde Cancún»; COB rechaza seguidilla de decretos y anuncia defensa del derecho a la protesta

|| Máximo dirigente sindical rechaza nuevas normativas y acusa al gobierno de actuar "al mejor estilo neoliberal y dictatorial"

La Paz, 16 de enero (ANV).- El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, rechazó contundentemente el proyecto de ley antibloqueos y advirtió que el movimiento obrero podría volver a tomar «medidas de hecho» si el gobierno de Rodrigo Paz continúa gobernando «a punta de decretazos» de manera «autoritaria y dictatorial». En una conferencia de prensa, Argollo responsabilizó a los asambleístas y al vicepresidente Edmand Lara de su inacción, acusándolos de actuar como «florero de adorno» del ejecutivo y de solo alinearse para iniciativas que, a su juicio, perjudican al pueblo.

Tras agradecer el apoyo popular que forzó la abrogación del DS 5503, Argollo manifestó su «gran preocupación» por la nueva ola de decretos presidenciales, refiriéndose específicamente a los DS 5520 y 5521. «Esta lucha reivindicativa… ha sido para ponerle un alto al gobierno y que no actúe a punta de decretazos al mejor estilo neoliberal y dictatorial», afirmó. Cuestionó duramente el rol de la Asamblea Legislativa y la Vicepresidencia: «¿Qué están haciendo? ¿Qué están fiscalizando?… prácticamente ya lo está dejando como algo inservible».

El dirigente centró su crítica en el proyecto de ley que penaliza los bloqueos, argumentando que se busca criminalizar «la última herramienta» del pueblo organizado para hacerse escuchar. «Es la última instancia que tiene el pueblo para hacerse escuchar por el gobierno», declaró, recordando que históricamente estas medidas de presión permitieron conquistas democráticas y sociales. Advirtió que si el gobierno insiste en su rumbo, «seguramente va a provocar al pueblo».

Frente a las preguntas sobre los daños económicos e imagen internacional que causan los bloqueos, Argollo deslindó responsabilidades. Sostuvo que la movilización es una «consecuencia de los oídos sordos de un gobierno que no hace caso al pueblo». «La entera responsabilidad no es de la población… es consecuencia de los errores», afirmó, señalando que antes de penalizar la protesta debería penalizarse el incumplimiento de las promesas de las autoridades.

Consultado específicamente sobre el uso de dinamita en las protestas, Argollo evitó una respuesta directa, pero defendió la legitimidad de las herramientas de lucha históricas. En cambio, redirigió el foco a la responsabilidad gubernamental: «Nosotros no somos los enemigos, nosotros somos el sector productivo que genera economía en el país… trabajemos para el pueblo, para las bases, para el país». Su discurso mantuvo una amenaza velada de escalar la conflictividad si el diálogo y la atención a las demandas populares no se restablecen.

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