Sucre, 17 de diciembre (ANV).- El gobierno de Rodrigo Paz Pereira declaró este miércoles una “Emergencia Económica Nacional” mediante un extenso decreto que, pese a incluir algunas transferencias sociales, prioriza un paquete de estabilización de corte liberal, con fuertes incentivos a capitales privados y un ajuste implícito en el gasto público que analistas temen pueda recaer sobre los sectores más pobres. La normativa, que consta de más de 120 artículos, busca atraer inversiones con estabilidad jurídica de hasta 15 años mientras congela salarios en el sector público y delega en el Banco Central la transición hacia un “nuevo régimen cambiario”, un movimiento que históricamente ha precedido a devaluaciones en la región.
El decreto parte de una diagnosis severa, atribuyendo la crisis a la “mala administración y despilfarro” del gobierno anterior, que habría generado “hambre, incertidumbre y un clima generalizado de preocupación social”. Sin embargo, las soluciones propuestas han generado escepticismo. Mientras se anuncia un incremento del Salario Mínimo Nacional y un aumento en el bono Juancito Pinto, se congela el aumento salarial para el sector público en 2026 y se ordena a las entidades estatales un programa de “racionalización de personal” y “reducción de gastos corrientes al mínimo”. Expertos en políticas sociales señalan una contradicción: “Se habla de proteger a los más vulnerables, pero al mismo tiempo se restringe drásticamente el gasto público corriente, que es el que financia salud, educación y programas sociales. Es una receta clásica de austeridad que suele golpear primero a quienes menos tienen”, comentó el economista Ramiro Saravia.
Uno de los núcleos del decreto es la creación de un “Régimen Extraordinario de Protección y Promoción de Inversiones”, que ofrece a inversionistas nacionales y extranjeros un marco de estabilidad tributaria y legal por 15 años, junto a un proceso de aprobación “fast track”. Esta medida, aunque busca reactivar la economía, ha sido cuestionada por otorgar privilegios prolongados al capital en un contexto de emergencia, mientras las medidas para la población son marcadamente temporales. Un pasaje del decreto establece que las modificaciones normativas posteriores “no serán aplicables a las inversiones protegidas, salvo aceptación expresa del inversionista”, lo que algunos interpretan como una cesión de soberanía regulatoria.
En el ámbito energético, se congelan por seis meses los precios de los derivados del petróleo, pero se autoriza a “cualquier persona natural o jurídica privada” la compra mayorista de combustibles, en lo que parece un primer paso hacia una mayor liberalización del sector. Paralelamente, se retira al diésel de la lista de sustancias controladas por un año, una medida de desregulación que preocupa a expertos ambientales y de control de contrabando.
El componente social del paquete presenta inconsistencias. Aunque se aumenta la Renta Dignidad y se crea un nuevo bono (PP), estos beneficios tienen plazos definidos y montos que, según organizaciones de la sociedad civil, no compensan la inflación acumulada. Además, el decreto es explícito en la prohibición de que el Banco Central otorgue nuevos créditos internos a empresas públicas, limitando su capacidad de operación y potencialmente afectando servicios estatales.
La ambigüedad más grande recae en el mandato al Banco Central para “adecuar y transitar hacia un nuevo régimen cambiario”. Esta frase, genérica pero de amplio alcance, ha generado nerviosismo en los mercados y entre la población, que recuerda que procesos similares en otros países han derivado en fuertes devaluaciones, erosionando el poder adquisitivo de los asalariados y los pobres, justamente el grupo que el decreto dice querer proteger. “El diagnóstico de la crisis puede ser compartido, pero el remedio parece cargar las tintas sobre la austeridad y la liberalización, mientras el alivio para las mayorías es parcial y temporario”, concluyó una analista consultada. El verdadero impacto de estas medidas se verá en los próximos meses, mientras los ministerios emiten la reglamentación específica en un plazo de 30 días.
