Sucre, 13 de octubre (ANV).- El asesor legal de los dirigentes del Consejo Distrital 2 de Sucre, citados por la Fiscalía, Abog. Edgar Arraya declaró que la denuncia presentada por el municipio carece de sustento jurídico y que el proceso obedece a un intento de amedrentamiento.
Arraya explicó que el delito por el que se denuncia a los dirigentes es el de estorbar el ejercicio de funciones de un servidor público, tipificado en el artículo 161 del Código Penal. Sin embargo, aseguró que desde un punto de vista «absolutamente técnico jurídico», la «tipología misma del delito como tal, no existe, en absoluto no existe».
El jurista indicó que puede adelantar que una «somera investigación no existe los elementos suficientes como para que puedan imputar sobre este hecho a los dirigentes». Por ello, anticipó que una vez que presenten las pruebas de descargo, «el fiscal a cargo seguramente lo que va a hacer es rechazar esta investigación», pues la denuncia «no tiene ni pies ni cabeza».
El asesor legal sugirió que la intención detrás del proceso es amedrentar a los líderes vecinales y sindicales. «Yo pienso más el de amedrentar a los dirigentes», afirmó, sugiriendo que el alcalde busca enviar un mensaje disuasorio: «La primera persona que empiece a molestar al alcalde o a los cuatro personeros que son de mucha confianza del alcalde municipal, seguramente [va a decir] ‘Ah, primero que me lo ponga la mano o hable en contra de mis cuatro funcionarios de alto nivel,’ bueno, vamos a empezar a activar el proceso penal».
El abogado amplió la denuncia de persecución, citando el caso de otro dirigente sindical que fue notificado por «haber hecho conocer que la empresa está andando mal», y a quien se le acusa de «dañar la imagen de la empresa como tal», a pesar de gozar de fuero sindical.
El asesor legal advirtió que «algunas autoridades en nuestra ciudad están empezando muy hábilmente a agarrar a la justicia, ya sea el Ministerio Público o ya sea los juzgados», para «callar a dirigentes». Hizo un llamado a la sociedad y a las entidades sindicales para detener esta práctica.
Finalmente, el jurista instó a la recién posesionada Central Obrera Boliviana (COB) a actuar, proponiendo solicitar una audiencia con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia para «indicarle de que pare esta persecución contra dirigentes que simplemente lo que están buscando qué es una reivindicación de su zona, de su gremio como tal». El abogado concluyó que activar la Fiscalía y los juzgados en democracia para acallar a los dirigentes, so pretexto de dañar la imagen de una institución o autoridad, es un retroceso a «peores épocas de la dictadura».
