Sucre, 7 de octubre de 2025 (ANV) – El Concejo Municipal de Sucre ayer tenía previsto tratar hoy un paquete crediticio cercano a los 20 millones de bolivianos destinado a la compra de seis nuevos carros basureros para la Empresa Municipal de Aseo Sucre (EMAS). La gerente de la entidad, Roxana Poveda, se hizo presente en el legislativo para seguir el debate y defender la urgencia del requerimiento, advirtiendo que el servicio de recojo de residuos está en riesgo por la obsolescencia de su parque automotor.
Poveda explicó que esta es la tercera vez que se intenta la aprobación de estos fondos, pero que en esta ocasión se presenta como un paquete individual, tal como lo solicitó el propio Concejo. «Son cerca de 20 millones de bolivianos», confirmó, detallando que cada vehículo tiene un costo aproximado de tres millones.
La urgencia, según la gerente, es crítica. «Prácticamente los 13 carros que están operando actualmente, se han ido parando cuatro. Estamos así teniendo retrasos en las rutas para recoger la basura», afirmó. Añadió que la falta de presupuesto agrava la situación, ya que no pueden adquirir los repuestos necesarios para mantener la flota operativa. «La urgencia es alta, porque si se van a parar los carros basureros, no vamos a tener la herramienta necesaria para transportar la basura hasta el botadero», sentenció.
Preocupación por la licencia del nuevo botadero
De forma paralela, Roxana Poveda expresó su profunda preocupación por la paralización en la entrega de la licencia ambiental para el nuevo relleno sanitario, un trámite que depende de la Gobernación. Atribuyó la demora a la presión y a las «intransigencias del Distrito 7».
La gerente argumentó que existe una confusión sobre el impacto ambiental del proyecto, señalando que algunos actores «están confundiendo el tema medioambiental con lo que pasó con las empresas mineras, que no es lo mismo». Indicó que incluso una jueza explicó en inspecciones que el grado de contaminación de un botadero, ubicado a más de 7 kilómetros de distancia, no es comparable al de la minería que afecta directamente a los ríos.
Poveda sostuvo que las comunidades realmente cercanas al proyecto pertenecen al Distrito 6 y que el riesgo de que los lixiviados lleguen al Distrito 7 es casi nulo, requiriendo un evento catastrófico. «Parece que está habiendo una mala información dentro del Distrito 7», manifestó, agregando que EMAS cuenta con exámenes de laboratorio del suelo y aguas subterráneas que demuestran que «no existen parámetros de contaminación» para argumentar un rechazo.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades departamentales para que «se ponga la mano al pecho» y emitan la licencia, ya que sin un lugar adecuado para la disposición final de los residuos, «en vano va a ser que recojamos la basura».
