Sucre, 26 de septiembre (ANV).- El organismo de Participación y Control Social de Bolivia convocó en Sucre el primer Congreso Departamental de Participación y Control Social de Chuquisaca, con el objetivo central de socializar la Ley departamental 549 y fortalecer la transparencia en la administración de recursos. Hiram Levi Alacama, secretario general del organismo, anunció la llegada de veedores de Oruro y La Paz, y esperaba delegaciones de los diferentes municipios de Chuquisaca.
Alacama enfatizó la importancia histórica de la Ley 549, promulgada la gestión pasada, pues es la «primera ley departamental [de Control Social] a nivel nacional» y llega después de 13 años desde que este tipo de normativa debió existir en todas las gobernaciones.
El secretario general destacó que el objetivo fundamental de la norma es «transparentar los recursos económicos de la gobernación» y «coadyuvar en la planificación, gestión y en lo que viene a ser la evaluación de programas, proyectos» del departamento. Por ello, es crucial que la «sociedad civil organizada, los controles sociales de los diferentes municipios deben tomar conocimiento porque hasta la fecha no conocen de esta iniciativa».
Mesas de trabajo y desafíos nacionales
Durante el congreso, se establecerán mesas de trabajo para concientizar a los delegados, especialmente aquellos de provincias lejanas que enfrentaron dificultades para el traslado debido a la escasez de diésel y gasolina. Alacama señaló que si hubiera habido un control social en el ámbito de los hidrocarburos, «tal vez hubiéramos tenido la información correspondiente para la ciudadanía».
El dirigente lamentó que el Control Social no se haya generado en otros estamentos, a pesar de que la Constitución Política del Estado establece su existencia «en todas las instituciones públicas que manejan recursos», como el Ministerio de Hidrocarburos, la Justicia y la Policía.
Finalmente, Alacama subrayó que la caída del presupuesto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y los efectos de un «mal censo» afectarán la distribución de recursos a los municipios. Por ello, el congreso abordará la necesidad de que el Control Social tenga la «aptitud» para tratar temas como los recursos del pacto fiscal. La agenda a futuro incluye trabajar para consolidar las directivas de Control Social en los departamentos faltantes y realizar una cumbre nacional para «afrontar con el siguiente gobierno estas debilidades».
