Sucre, 13 de septiembre (ANV).- La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz promulgó la Ley Antibloqueos, mientras la Asamblea de la Cruceñidad emplazó al Gobierno nacional a atender sus demandas hasta el 10 de octubre. El Comité Pro Santa Cruz advirtió que, de no haber respuestas, activará un plan escalonado de movilizaciones que podría incluir la denominada «autonomía de facto» del departamento.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, destacó la aprobación de la norma departamental. Sostuvo que los bloqueos ocasionaron un perjuicio significativo a la región y recordó que en gestiones anteriores las carreteras permanecieron bloqueadas durante periodos prolongados.

«La única alternativa que se buscaba era bloquear carreteras cuando el daño que se hacía a la región era incalculable», afirmó Cochamanidis. El dirigente cívico consideró necesario que la medida tenga un alcance nacional para garantizar la libre transitabilidad en todo el país.

Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), respaldó la normativa. «Una alegría que nuestra Asamblea Departamental, nuestro gobernador, hayan tomado esta decisión», señaló. Sostuvo que la libre transitabilidad es una condición necesaria para la cadena productiva.

Frerking remarcó que Santa Cruz necesita mantener expeditas sus carreteras para garantizar el transporte y la comercialización. «Aquí tenemos que trabajar, tenemos que transportar, tenemos que comercializar», afirmó el dirigente agropecuario.

El pronunciamiento de la Cruceñidad exige la restitución de competencias y la transferencia de facultades y recursos a gobernaciones, municipios y universidades. Los cívicos reclaman competencias en salud, educación e infraestructura.

Cochamanidis anunció la exigencia de incorporar el esquema 50/50 en el Presupuesto General del Estado 2027. La aprobación del PGE comenzará a ser tratada a partir del próximo mes, según indicó el dirigente.

En materia energética, los cívicos demandaron la liberación de la importación, distribución y comercialización de combustibles. También pidieron eliminar impuestos para reducir el precio de los carburantes y contener la canasta familiar.

Los cruceños reclamaron el fin de los monopolios en el sector de combustibles y denunciaron presuntos hechos de corrupción. Plantearon promover el etanol como política de urgencia nacional y explotar pozos de crudo.

Cochamanidis advirtió que, si el Gobierno no atiende las demandas, el 10 de octubre comenzarán las movilizaciones. «A partir del 10 de octubre, ese día tan importante, los ciudadanos estaremos en las calles», manifestó.

La Asamblea facultó al dirigente a activar un plan escalonado de presión hasta lograr el cumplimiento de sus demandas. El pronunciamiento contempla la «autonomía de facto» como una de las medidas posibles en caso de incumplimiento.

Cochamanidis remarcó que antes de llegar a esas medidas continuarán las gestiones con el Gobierno. El dirigente espera encontrar una salida conjunta a la crisis económica, energética y social que afecta al departamento.