Sucre, 26 de marzo (ANV).- El 30 de marzo, Día Nacional de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, se conmemora con un llamado a la reflexión y la exigencia del cumplimiento de sus derechos.
Humberto Mayorga, delegado defensorial de Chuquisaca, y Alberta Flores, ex ejecutiva de las trabajadoras del hogar, destacaron la importancia de esta fecha para visibilizar las condiciones laborales de este sector.
Según datos del INE, el 94% de los más de 117.000 registros de trabajadores del hogar corresponden a mujeres, y un 6% a varones. A pesar de la existencia de la Ley 2450, que reconoce sus derechos, persisten vulneraciones como despidos injustificados, falta de pago de beneficios sociales, precariedad laboral, racismo y la ausencia de contratos y aguinaldos.
Humberto Mayorga enfatizó que este día «no solamente es de profunda reflexión, sino también de exhortación y exigencia del Estado para el cumplimiento de sus derechos», incluyendo la afiliación a la Caja para el acceso a la salud.
La pandemia ha agravado la situación económica del sector, y la jefatura departamental del trabajo interviene para materializar el cumplimiento de sus derechos. Mayorga también hizo un llamado a los empleadores para que otorguen el descanso el día lunes a las trabajadoras del hogar, en reconocimiento a su labor.
Por su parte, Alberta Flores denunció la precariedad y el racismo que enfrentan las trabajadoras del hogar en Sucre, a pesar de la Ley 2450, conquistada con años de lucha.
Flores afirmó que «muchas de nuestras compañeras siguen trabajando en precariedad sin un sueldo justo que alcance para la canasta familiar sin contratos, sin firmados, sin vacaciones y los que es peor llegando a fin del año sin aguinaldo».
Hizo un llamado a la población a valorar su trabajo, destacando que son ellas quienes sostienen la vida y permiten que otras familias puedan trabajar. La crisis económica y el incremento de la canasta familiar han precarizado aún más sus condiciones laborales.
Ambos representantes coincidieron en la necesidad de que las autoridades municipales y departamentales adopten acciones concretas para el reconocimiento y la valoración de este sector, que a menudo es víctima de violencia y se encuentra en alto riesgo de vulnerabilidad. La falta de afiliación a sindicatos y la ausencia de seguros o afiliación a la caja son problemas comunes, especialmente en municipios y provincias.
