Sucre 28 de mayo (ANV).-El representante de la provincia Oropeza, Juan Carlos Romero, anunció este martes una serie de determinaciones asumidas por las organizaciones comunales de esta región del municipio de Sucre, departamento de Chuquisaca, ante lo que consideran una escalada insostenible en los precios de la canasta familiar.

En una conferencia de prensa, Romero informó que el lunes se llevó a cabo una “reunión de emergencia ampliada con los treinta subcentrales” de la provincia, donde se evaluó el impacto del aumento de precios sobre las familias campesinas.
“Día tras día, más se incrementa la canasta familiar. Se está exagerando, y los mayoristas, quienes nos distribuyen los productos, están subiendo excesivamente los precios”, afirmó. Según señaló, productos como el aceite llegan al por mayor a un costo de 13 o 15 bolivianos, pero son comercializados a la población hasta en 35 bolivianos.

Ante esta situación, se emitió una resolución que incluye varias exigencias y advertencias. Entre las principales, se encuentra el pedido al gobierno nacional, departamental y municipal de ejecutar “controles rigurosos a los productos de primera necesidad” y verificar el cumplimiento de precios justos en todos los mercados y centros de abasto.

La resolución también otorga un plazo hasta el 10 de junio para que las autoridades presenten soluciones concretas. En caso de no cumplirse esta exigencia, Romero indicó que se organizará una movilización por los mercados, sin descartar “la toma de instituciones como EMAPA, la Gobernación, la Alcaldía y, eventualmente, acciones más radicales contra comerciantes que incurran en agio o especulación”.

Asimismo, el representante expresó respaldo a los operativos de control llevados adelante por la intendencia municipal, a quienes instó a intensificar sus esfuerzos. También se demandó al gobierno nacional “la abrogación de decretos de libre exportación que afecten productos de la canasta básica” y la provisión constante de combustibles para evitar la escasez que, según denunció, “afecta directamente a las cosechas y sembradíos” del área rural.

Otro punto destacado fue el rechazo a lo que calificó como “intromisión política” en las movilizaciones sociales. “No vamos a permitir que ningún político encabece nuestras movilizaciones. Esto nace desde la base, no desde partidos”, señaló.

Romero también cuestionó el rol de los concejales, asambleístas, diputados y senadores de la región, a quienes acusó de inacción frente a la crisis. “Durante su gestión, no han hecho nada por la población. Ni un decreto, ni una ley. Por eso exigimos que hasta el 10 o 15 de junio nos informen públicamente qué han hecho frente al alza de la canasta familiar”.

Finalmente, adelantó que se buscará la coordinación con gremios urbanos y otras organizaciones sociales para ampliar el alcance de las futuras medidas. “No solo la provincia Oropeza será parte de la movilización, todos deben sumarse porque esto afecta a todos”, concluyó.

Las determinaciones incluyen también advertencias sobre eventuales acciones directas en tiendas o centros de acopio que, según denunciaron, estarían ocultando productos o distribuyéndolos con sobreprecio. “Algunos productos como el arroz, el aceite y los fideos se están acaparando. En algunos casos se ha detectado que se los revende con sobreprecio en barrios y comunidades”, denunció.

La situación permanece en observación, mientras se espera la reacción de las autoridades ante los plazos establecidos por la dirigencia comunal.