La Paz, 30 de junio (ANV).- El presidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía, designó en los cargos de técnico en control GRIA y jefe de Aduana Interior en Potosí a Gustavo Medina Jaldin y José Alfredo Gómez Villalpando, respectivamente, ambos con antecedentes penales por delitos vinculados al desvío y desmantelamiento de vehículos incautados al contrabando.
Las designaciones, ocurridas en febrero y abril de 2026, fueron denunciadas por el ex precandidato presidencial Jaime Dunn y confirmadas por documentos oficiales, en medio de un creciente escándalo de corrupción en la institución.
Gustavo Medina Jaldin, quien se desempeñaba como encargado del grupo GRIA en Oruro durante la gestión de Karina Cerrudo, fue aprehendido y presentado ante los medios por el entonces ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, tras un seguimiento policial. El sujeto fue enviado a la cárcel de San Pedro con medidas cautelares. Sin embargo, el 10 de febrero de 2026, el presidente de la Aduana, Alberto Soto, lo designó como técnico en control GRIA en Potosí con un salario de Bs. 10.184, según la denuncia.
José Alfredo Gómez Villalpando, por su parte, fue detenido en 2022 por su participación en una organización criminal que desviaba vehículos incautados por contrabando a talleres privados para su desmantelamiento y posterior venta de sus partes a través de redes sociales. Pese a haber logrado medidas sustitutivas a la detención preventiva, el 13 de abril de 2026, Soto lo designó como jefe de Aduana Interior en Potosí con un salario de Bs. 13.794.
El ex precandidato a la Presidencia, Jaime Dunn, cuestionó la gestión de la Aduana Nacional y calificó a la institución como un foco de corrupción. «Aduana no puede ser una puerta giratoria para el contrabando y menos una caja negra de corrupción», declaró. Dunn señaló que la recaudación por trabajo contra el contrabando apenas alcanza los 300 millones de dólares, mientras que el costo de las operaciones de interdicción asciende a 400 millones. El analista propuso reducir el arancel a un máximo del 12% para hacerlo más barato que el costo del contrabando, que incluye aranceles y coimas, y así eliminar la corrupción.
En las últimas horas, el exgerente de la Aduana Arica, Nelson Rivera, denunció que fue despedido y ahora enfrenta un proceso judicial tras haber reportado presiones para dejar pasar contrabando. Rivera afirmó que el gerente regional de la Aduana en Oruro, Miguel Ángel Nogales, lo llamaba para que facilitara el ingreso de mercancía que, según sus declaraciones, pertenecería al presidente de la Aduana, Alberto Soto, y al gerente general, Gabriel Montalvo. «Me pedían dejar pasar contrabando (…) Tengo todo, me pedían dejar pasar contrabando (…) Gerente Oruro y UCOE pedían que pase contrabando (…) Si no vas a mover todo, te van a despedir», sostuvo Rivera en una entrevista con DTV.
Rivera aseguró que fue amenazado y que teme por la seguridad de su familia tras su denuncia. «No sabes con quién te metiste», afirmó que le dijeron. El exfuncionario ratificó su denuncia y señaló que las llamadas para hacer pasar contrabando provenían de altos directivos de la Aduana.
El experto en seguridad, Omar Durán, cuestionó la falta de acción de las autoridades y pidió la intervención de la Aduana. «¿Quién protege a Soto en gobierno? Tiene denuncias. ¿Dónde está fiscalía y viceministro de transparencia?», manifestó. Durán señaló que existen informes internos que indican que Alberto Soto ordena el ingreso de mercadería con aforo verde, facilitando el contrabando. «Corrupción no expira, serán juzgados cuando se vayan», advirtió. Las denuncias coinciden con un momento de alta tensión institucional y plantean interrogantes sobre el control interno de la entidad recaudadora.
