El precio del diésel en Bolivia se convirtió en el más caro de Sudamérica, excepto por Perú, tras la aplicación del Decreto Supremo 5716. La norma fue formalizada luego de la promulgación de la Ley 1765, que activa el programa de financiamiento de 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
Según un informe de la Cámara de Agropecuarios de Cochabamba, basado en datos de Global Petrol Prices, el nuevo valor fijado por el Ejecutivo supera los costos de casi todos los países del cono sur. El litro de diésel en Bolivia se sitúa en 1,63 dólares, equivalente a Bs 17,95.
La tabla comparativa regional muestra que Perú tiene el precio más alto con 1,96 dólares por litro. Bolivia ocupa el segundo lugar con 1,63 dólares. Le siguen Argentina con 1,52, Uruguay con 1,46 y Paraguay con 1,39.
Chile registra 1,32 dólares por litro, Brasil 1,28, Colombia 0,97 y Ecuador 0,83. Venezuela tiene el precio más bajo de la región con 0,004 dólares por litro. La brecha con Chile es del 19% y con Brasil del 21,5%.
El costo del tanque lleno para maquinaria o transporte pesado alcanza los 326 dólares en Bolivia. En Brasil cuesta 256 dólares, en Chile 264 y en Argentina 304, según el informe técnico de los agropecuarios.
El impacto en la economía interna fue inmediato. La Federación Departamental de Transportistas de Ómnibuses de Santa Cruz determinó el cierre total de operaciones del servicio interprovincial, interdepartamental e internacional desde las cero horas del lunes 21 de septiembre.
En Tarija, el transporte sindicalizado agrupado en la Federación «15 de Abril» suspendió los servicios urbanos e interurbanos. Solo mantienen circulación los taxis trufis con cobros irregulares, según reportaron los transportistas de la región.
El sector agropecuario advirtió que el salto de Bs 9,80 a Bs 17,95 por litro compromete la viabilidad de la siembra y cosecha de granos. El economista Roberto Jordán señaló que el encarecimiento de los fletes provocará una escalada inflacionaria sobre la canasta básica.
El analista energético Francesco Zaratti afirmó que la supresión de la subvención a los carburantes es solo la primera fase del recetario acordado con el FMI. Señaló que los próximos pasos serán eliminar el subsidio a la gasolina en enero de 2027.
Zaratti también anticipó que se eliminará el subsidio al gas natural destinado a la generación eléctrica y al Gas Licuado de Petróleo. La Agencia Nacional de Hidrocarburos actualizará periódicamente la tarifa según la cotización del crudo y el tipo de cambio flexible.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, defendió el ajuste y afirmó que sostener los carburantes subvencionados demandaba 55 millones de dólares semanales. Señaló que el beneficio llegaba solo al 7% de los hogares pobres y alimentaba el contrabando fronterizo.
Aramayo anunció la activación del bono PEPE y una línea de créditos preferenciales de hasta 800 millones de dólares al 6% de interés anual para transportistas de carga, gremiales y artesanos. Advirtió que durante el Estado de Excepción habrá sanciones para quienes bloqueen.
Durante la campaña electoral de 2025, el entonces candidato Rodrigo Paz rechazó categóricamente el financiamiento del FMI. «Yo no voy a ir al Fondo Monetario Internacional a pedir 12 mil millones de dólares», afirmó en declaraciones públicas recogidas por la prensa.
Paz también criticó a José Luis Lupo, a quien calificó como «experto en endeudarse y pedir créditos». Sin embargo, al asumir el Gobierno, Lupo fue designado ministro de la Presidencia y se convirtió en uno de los principales interlocutores del actual esquema financiero con el organismo multilateral.
