Sucre, 3 de diciembre (ANV).- La Central Obrera Boliviana (COB) y representantes de los jubilados cuestionaron firmemente las declaraciones del presidente Rodrigo Paz Pereira, quien señaló que la Gestora Pública utilizó los aportes de los trabajadores. El ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y el representante de los jubilados, Rodolfo Ayala, calificaron las afirmaciones como infundadas y anunciaron el envío de una nota formal al mandatario para que explique sus dichos, al tiempo que exigieron una auditoría para garantizar transparencia.
Mario Argollo, máxima autoridad de la central sindical, afirmó que el Presidente “está mal asesorado” y que sus palabras solo generan pánico innecesario. El dirigente sostuvo que los recursos previsionales no han desaparecido, sino que están invertidos para generar rentabilidad y asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Por su parte, Rodolfo Ayala, en representación de los jubilados, consideró desacertada la intervención presidencial y pidió mayor responsabilidad. El dirigente explicó que los fondos están colocados en instrumentos financieros como la banca y la bolsa de valores, tanto nacionales como internacionales, generando rendimientos mensuales.
«Con todo respeto, antes de hacer una afirmación, tenemos que tener documentación», manifestó Ayala, exigiendo que cualquier señalamiento sobre un posible mal uso de los recursos esté respaldado por evidencias concretas y no por declaraciones genéricas. Enfatizó que su rol es de fiscalización, no de defensa de la entidad.
Ante la polémica, ambos dirigentes se comprometieron a impulsar una auditoría integral a la Gestora Pública para disipar cualquier duda sobre el manejo de los fondos de los trabajadores. Argollo reiteró que el objetivo de las inversiones es precisamente proteger y hacer crecer los aportes previsionales.
Ayala expresó, además, una preocupación subyacente: que las declaraciones del mandatario busquen instalar en la opinión pública la idea de que la entidad es inviable, como un preámbulo a una eventual privatización. Frente a este escenario, el representante de los jubilados fue categórico al afirmar que no permitirán tal medida.
La respuesta de la COB y los jubilados marca un nuevo punto de tensión entre el Gobierno y las organizaciones laborales. La exigencia de una auditoría independiente se presenta como el mecanismo para zanjar la controversia y garantizar la seguridad de los fondos de millones de cotizantes y pensionados.
