Misael Nallar Viveros, principal acusado del asesinato de tres policías en el municipio de Porongo, Santa Cruz, no pudo demostrar que tiene un trabajo lícito y cuál es el origen del dinero con el que adquirió al menos 11 propiedades, un hotel, un zoológico y 20 lujosos teryx, decomisados luego del triple crimen.

Ayer, en contacto con Página Siete, uno de los abogados de Nallar, Carlos Antelo, reveló que en la audiencia cautelar en la que se determinó la detención por 180 días de su defendido, Nallar no demostró tener una profesión lícita.

“No acreditamos, todavía”, manifestó de manera escueta el abogado. Explicó que más adelante, por medio de requerimientos, se demostrará que su cliente tiene un trabajo, con el que generó recursos suficientes para costear las compras millonarias de propiedades, como un hotel, la instalación de un zoológico particular en su hacienda, además de los 20 teryx (vehículos) que ayer fueron trasladados desde uno de sus garajes a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Los vehículos que son utilizados para competencias en la zona Los Cuchis, en Porongo, serán sometidos a pericias. El valor aproximado de los motorizados es de 500 mil dólares, según el precio ofertado en firmas de ese tipo de motorizados.

Con relación a la ocupación del implicado, la esposa de Nallar indicó que él era ganadero y se negó a dar más detalles.

La defensa Nallar sostiene su inocencia, pese a que la prueba del guantelete confirmó que disparó un arma de fuego y que se halló munición de uso militar al interior de los teryx, tal como aseguró hace unos días el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera.

La madrugada del sábado, el juez Rodrigo Vedia determinó la detención preventiva de Nallar en el penal de Chonchocoro, en La Paz, imputado por el asesinato de los sargentos Eustaquio Olano y Alfonso Chávez, además del voluntario del Gacip Daniel Candía Orihuela. Las tres víctimas fueron ejecutadas con 12 disparos; el calibre de las balas eran de uso militar, según las primeras pericias policiales.

Junto con Nallar fueron imputados Esteban Beltrán Muñoz de nacionalidad colombiana, que fue remitido al penal de El Abra, en Cochabamba, mientras que el boliviano Rodrigo González Arrazola fue enviado al penal de Palmasola, en Santa Cruz. La Policía aún sigue tras la pista de dos guardaespaldas, señalados como los autores materiales del asesinato por orden de Nallar.

Legitimación

Antelo explicó que el proceso anunciado por la Fiscalía, por legitimación de ganancias ilícitas, aún no les fue notificado y no tocaron el tema con su cliente. “Es un tema que desconozco”, manifestó el abogado.

De acuerdo con el comandante de la Policía, durante los operativos de búsqueda de Nallar, se intervinieron 11 inmuebles con el secuestro de 20 teryx, bebidas alcohólicas, estuches de armas largas, munición y cargadores de armas de fuego.

En la zona de Equipetrol también se intervino tres pisos de un edificio; cada uno tenía un valor de 250 mil dólares.

Las propiedades no estaban registradas a nombre de Nallar, sin embargo, eran utilizadas por él, según las facturas del pago de servicios básicos que estaban a su nombre.

“Los vecinos nos dicen que él (Nallar) los utilizaba, esto es el disfrute del bien, aún estamos en el inventario”, afirmó Aguilera.

En los inmuebles fueron encontrados documentos de sus propiedades y estancias, entre ellas de la hacienda La Bendita, donde se encontró tres pumas domesticados, aves silvestres, además de varios bienes de lujo.

También se mencionó, de forma extraoficial, que Nallar es propietario de una avioneta, guardada en un hangar del aeropuerto El Trompillo, con el cual se moviliza hacia otras haciendas en Beni, tierra natal de la familia de su suegro, el narco Einar Lima Lobo, cuya hermana, Carmen Lima Lobo, es alcaldesa de San Joaquín.

Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, al margen de sus nexos familiares con el clan Lima Lobo aún no se hallaron indicios que vinculen a Misael Nallar con delitos relacionados con el narcotráfico.

Destinos en la Felcn

Sobre la participación de la Felcn en el caso, aún se investigan los supuestos nexos entre Nallar y oficiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), con quienes, según un “testigo presencial”, se pretendía encubrir la ejecución de los tres policías y luego facilitar la fuga del principal implicado.

Los implicados son el exayudante de órdenes del general Aguilera (hasta hace tres semanas) y actual jefe del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) Santa Cruz, el mayor Álvaro Muñoz Mejía, quien reveló a este medio que Nallar se entregó a través de la negociación con un informante anónimo. Los reportes también señalan al capitán Rubén Aparicio, miembro de la Felcn.

Según el portal informativo Detrás de la Verdad, Nallar, el día del asesinato, 21 de junio, estaba en estado de ebriedad y enfurecido, ordenó a dos de sus guardaespaldas de nacionalidad colombiana y supuestos autores materiales del asesinato, llamar a un alto jefe de la Felcn para que se encargue de lo sucedido. El supuesto testigo citó el nombre de Aparicio.

Aguilera afirmó que ambos oficiales fueron solicitados por el director de la Felcn, José Illanes, con aprobación del viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani. El general deslindó responsabilidad sobre las sospechas que existen contra Muñoz y Aparicio, debido a que la Felcn sería una entidad descentralizada de la Policía y los efectivos destinados a esa fuerza son declarados en comisión.

Sin embargo, Página Siete accedió a un documento que contradice esa versión, pues el mismo no señala una orden expresa para el destino de los policías a la Felcn, solo se hace mención de que se cumple con una circular de la dirección nacional de personal. En dicha lista aparece justamente el nombre de Muñoz, la orden de destinos es de diciembre de 2021.

Camacho sobre el caso Nallar: El Gobierno y sus autoridades están demostrando un comportamiento dudoso parecido al encubrimiento

En un hilo de tres tuits, el Gobernador Luis Fernando Camacho, no solo alentó a la población a asistir a la marcha del martes, convocada por el Comité pro Santa Cruz, sino que afirmó: “el narcotráfico ha tomado nuestro país y el Gobierno y sus autoridades están demostrando un comportamiento dudoso parecido al encubrimiento”.

En un siguiente trino, indicó: “marcharemos en repudio al narcotráfico y alzaremos la voz en contra de las actitudes permisivas de quienes protegen a los traficantes y negocian con ellos”.

La marcha, que fue convocada por Comité Cívico “en repudio al narcotráfico y por una verdadera justicia”, partirá de la plaza del Estudiante y se dirigirá a la plaza 24 de Septiembre. La concentración fue anunciada para las 17:00; Fernando Larach, vicepresidente del ente cívico, pidió a quienes quieran sumarse a la marcha, usar barbijo y llevar alcohol para desinfectarse las manos, como medidas de bioseguridad.

Apoyo institucional

En consonancia con su primera autoridad, la Gobernación hizo público su apoyo a la movilización, a través del asesor de Gestión, Efraín Suárez, quien indicó que el asesinato de tres policías, el pasado 21 de junio, “constituye un antecedente muy grave de avance del narcotráfico en el departamento y el país”.

En conferencia de prensa Suárez señaló que esta marcha tiene como objetivo también repudiar las acciones confusas de la Policía nacional y el Ministerio de Gobierno; subrayó que, una vez ocurridos los asesinatos, desinformaron a la población y que, hasta el día de hoy, no han sido transparentes.

El Municipio, por su lado, emitió un comunicado en el que “rechaza vehemente el narcotráfico por el daño que ocasiona a nuestra sociedad y apoya la convocatoria de manifestación pacífica”, en referencia a la marcha del martes.

Por su parte, los concejales Manuel Saavedra e Israel Alcócer usaron sus redes sociales para indicar su apoyo e invitar a otros a participar en la marcha.

“#YoMarcho este martes 28 de junio a las 18:00hrs por #SantaCruz y por nuestra #Familia, en repudio a todos los actos de violencia y narcotráfico. Vamos todos a la plazuela del estudiante y hagamos escuchar nuestra voz”, tuiteó Alcócer.

En tanto que Saavedra usó un video para dar su mensaje y apelar a las familias: “Una marcha contra el narcotráfico (…)  Es hora de que los cruceños volvamos a decir: ‘¡No más narcotráfico!, ¡No más drogas!’ (…) No permitamos que esto se vuelva algo cotidiano y normal”.

Su colega, Lola Terrazas, también subió un mensaje: “La lucha contra el narcotráfico empieza en las calles, para que las muertes de los tres policías no queden en la impunidad, por una lucha real y con resultados objetivos contra el narcotráfico, súmate a la marcha”. Acompaña  su publicación, un comunicado de Comunidad Santa Cruz.

“El autoritarismo se apropia de las instituciones responsables de luchar contra el narcotráfico y le vende protección para facilitar su negocio. Hay jueces para perseguir a adversarios políticos y otros para salvar a los narcos de una verdadera justicia y todos responden a un mismo centro de mando, el autoritarismo que controla el Estado”, se lee como uno de los argumentos de Comunidad Santa Cruz para acudir a la marcha.

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno también anunció su apoyo a la marcha, con un comunicado difundido a través de sus redes sociales, en el que señala que “no puede quedar indiferente ante el problema del narcotráfico que amenaza a nuestras familias e instituciones”. La comunidad moreniana se congregará en el 2do anillo y avenida Busch.

Agencias.