Sucre, 17 de diciembre (ANV).- Roger Carvajal, ejecutivo del Sindicato de Transporte San Cristóbal, defendió el incremento de tarifas en Sucre y anunció la instalación de cámaras de seguridad en las unidades, un costo que según él asumen directamente los transportistas y que busca garantizar la seguridad de los pasajeros. Carvajal presentó un «paquete de mejoras» que incluye un plan de coerción para conductores infractores y criticó a las autoridades vecinales que rechazan el alza, argumentando que hay aceptación de la población y que el ajuste es necesario por el aumento del costo de vida.
El dirigente explicó que la implementación de cámaras, que cuestan entre 800 y 3.000 bolivianos por unidad, tiene el objetivo de disuadir y documentar delitos dentro de los buses, así como ayudar a recuperar objetos olvidados y clarificar conflictos entre pasajeros y conductores. Carvajal aseguró que este sistema permitirá identificar a personas que delinquen y sancionar a los afiliados que incurran en faltas, comprometiéndose a expulsar a quienes cometan agresiones, como el reciente caso de un conductor que agredió a un pre-militar.
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Respecto a las tarifas, Carvajal detalló la estructura actual que aplica el sindicato: dos bolivianos para personas mayores, 1,50 para universitarios, un boliviano para estudiantes de secundaria y 50 centavos para el pasaje escolar. El ajuste de 50 centavos en algunas categorías, según el dirigente, cuenta con la aceptación de gran parte de la población que prefiere pagarlo antes que recurrir al «transporte libre» o taxis, cuyos precios son más elevados.
El ejecutivo sindical cuestionó duramente a las autoridades vecinales y municipales que se oponen al incremento. Preguntó «dónde estaban» cuando subieron los precios de la canasta familiar y los materiales escolares, y acusó a funcionarios de la alcaldía de agredir verbalmente a los transportistas y de aplicar un trato diferenciado, sin sancionar con igual rigor a los taxis y al transporte libre que también operan fuera de la normativa.
Carvajal afirmó que el sindicato busca el diálogo con las autoridades para presentar sus propuestas de mejora, que van más allá del tema tarifario. Insistió en que el ajuste se basa en la Ley de Transporte, que obliga a los municipios a actualizar las tarifas de acuerdo al costo de vida, y advirtió que defenderán su posición «en el lugar que sea necesario», ya que consideran que están ejerciendo un derecho.
Finalmente, el dirigente destacó los esfuerzos por modernizar la flota, con unidades que van desde el año 1989 hasta el 2022, y mencionó que están gestionando el cambio de radicatoria de buses de otros departamentos para integrarlos formalmente al servicio en Sucre. Su mensaje fue de agradecimiento a la población que, a su juicio, comprende y apoya la medida.
