La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) advirtió que una eventual ejecución de la sentencia que le ordena pagar Bs 744 millones a la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) constituiría, según la empresa, un caso de «flagrante denegación de justicia». La compañía sostiene que el fallo no puede ejecutarse mientras la justicia constitucional no se pronuncie sobre el recurso de queja pendiente.
A través de un pronunciamiento, la empresa cuestionó que un juzgado de primera instancia pueda ejecutar el fallo mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aún no se habría pronunciado. SOBOCE sostiene que esta situación vulneraría el principio de jerarquía normativa y podría generar un precedente de alto impacto para la seguridad jurídica en Bolivia.
La empresa también alertó sobre las consecuencias económicas que tendría el cumplimiento inmediato de la condena. Señaló que SOBOCE es uno de los principales actores de la industria nacional y emisor de valores, por lo que una afectación significativa a su liquidez podría comprometer sus obligaciones con tenedores de bonos y el sistema financiero.
Otro de los cuestionamientos planteados por la cementera está relacionado con la aplicación del concepto de «daño al proyecto de vida» a una sociedad comercial. SOBOCE considera que se trata de un concepto destinado a reparar afectaciones vinculadas con la libertad y existencia de personas naturales, no de empresas.
La compañía advirtió que la aplicación de ese concepto a una empresa podría generar incertidumbre jurídica y afectar las condiciones para la inversión en el país. SOBOCE reiteró que su posición no implica renunciar a sus obligaciones, pero exige que se respete lo que considera una «tutela jurisdiccional efectiva».
En paralelo, la empresa recordó que desde hace 16 años reclama al Estado boliviano el pago del justiprecio correspondiente a la expropiación de sus acciones en FANCESA. Según SOBOCE, esta obligación, establecida en el Decreto Supremo N° 0616 del 1 de septiembre de 2010, no habría sido cumplida.
SOBOCE sostiene que las circunstancias descritas podrían derivar en controversias internacionales y eventualmente comprometer al Estado boliviano frente a mecanismos previstos en tratados de inversión. La empresa hizo un llamado a la comunidad jurídica, gremios empresariales y autoridades para que observen el proceso.
La cementera pidió que se espere el pronunciamiento del Tribunal Constitucional antes de cualquier medida de ejecución. La empresa reiteró que su posición no implica renunciar a sus obligaciones con el país, pero exigió que cualquier decisión sobre la ejecución del fallo se adopte dentro del marco legal correspondiente.
