Sucre, 9 de marzo (ANV).- El ministro de Planificación del Desarrollo, Fernando Romero, anunció en la feria Exposoya 2026 la autorización de la tecnología HB4 para el cultivo de soya en Bolivia, como herramienta para enfrentar la sequía. Sin embargo, organizaciones ambientalistas advierten sobre los riesgos del evento biotecnológico, que en Argentina registró rendimientos inferiores a la soya tradicional y promueve el uso de herbicidas altamente tóxicos.

Romero entregó la resolución administrativa durante Exposoya, evento organizado por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo). La autorización permite a centros de investigación y semilleras incorporar el evento biotecnológico en nuevas variedades nacionales de soya .

«Esta autorización es una herramienta estratégica para que nuestros productores enfrenten la crisis climática con tecnología de vanguardia, asegurando que continúen siendo el motor económico de la nación», destacó el ministro, quien antes fue presidente de Anapo.

La tecnología HB4, desarrollada por el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral en Argentina, utiliza un gen de girasol para tolerar estrés hídrico y sequía, además de conferir resistencia al herbicida glufosinato de amonio, considerado varias veces más tóxico que el glifosato y prohibido en Europa .

Antecedentes de bajo rendimiento

Datos oficiales de Argentina, donde el trigo HB4 fue aprobado en 2020, revelan que el área sembrada alcanzó 53.000 hectáreas en 2021 con rendimientos 17% inferiores al trigo tradicional. De doce provincias evaluadas, solo en dos el transgénico superó los promedios, con diferenciales de apenas 5% y 0,4% .

En febrero pasado, Bioceres, empresa propietaria de la patente, reportó una caída del 24% en sus ingresos y anunció su salida de la producción y venta de semillas, delegando el desarrollo a la francesa Florimond Desprez .

El CEO de Bioceres, Federico Trucco, explicó que la decisión responde a enfocarse en «obtener ciencia de vanguardia» y asociarse con líderes de la industria «mejor estructurados» para la producción de semillas .

Riesgos para la salud y el ambiente

Organizaciones ambientalistas como CEPRONAT advierten que la implementación del HB4 podría ser irreversible debido a la contaminación genética durante la polinización. Los residuos de agrotóxicos quedarían en la harina y derivados, afectando la salud pública .

«El trigo HB4 requerirá el doble de agrotóxicos. Esta soya alentará el uso del glufosinato de amonio, mucho peor que el glifosato», advirtió el activista Pablo Solón durante el debate sobre su evaluación en Bolivia .

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) ya había manifestado su rechazo en 2020, calificando el posible uso como un atentado a la biodiversidad, el medio ambiente y la salud, violando la Constitución Política del Estado y las leyes 401 y 300 .

Preocupaciones comerciales y falta de trazabilidad

En Argentina, grandes empresas alimentarias como Arcor y Molinos Río de la Plata informaron que no utilizan este transgénico. Sin embargo, el HB4 termina en panaderías y fábricas sin etiquetado que lo identifique, al no existir un método público validado para detectar su presencia en harinas .

El sector acopiador argentino expresó su preocupación comercial. Fernando Rivara, presidente de la entidad, señaló: «Tenemos un miedo comercial, ni técnico ni científico. Nuestros clientes del exterior siguen diciendo que no quieren el trigo transgénico» .

Organizaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y otros países demandan la prohibición de importaciones en Sudáfrica, Colombia, Nigeria, Nueva Zelanda, Indonesia y China, así como un proceso de reparación integral en áreas ya cultivadas .

Cuestionamientos a derechos humanos

En 2024, colectivos socioambientales enviaron una petición a Relatores Especiales de Derechos Humanos alertando que el trigo transgénico viola derechos como la vida, la salud, la alimentación adecuada, la soberanía alimentaria y el medio ambiente equilibrado .

Argentina aprobó el trigo HB4 en 2020 y lo liberó comercialmente en 2022, seguida por Paraguay y Brasil en 2023. Ninguno de los tres países realizó procesos de consulta pública ni respetó marcos legales de protección ambiental, pese al peligro de contaminación de semillas convencionales .

El Ministerio de Desarrollo Productivo boliviano explicó que la autorización busca garantizar seguridad alimentaria y mejorar rendimientos, en un contexto donde el sector productivo demandaba acceso a biotecnología utilizada en otros países .