Sucre, 21 de enero (ANV).- El abogado constitucionalista Edgar Arraya ha expresado su preocupación por diversas irregularidades en el proceso electoral y el sistema judicial boliviano, señalando una posible falta de imparcialidad por parte del Tribunal Electoral.
Arraya menciona casos de funcionarios públicos que no habrían renunciado a sus cargos tres meses antes de las elecciones, como lo exige la ley, y critica la detención de un juez de garantías constitucionales.
Además, el abogado cuestiona la aplicación desigual de la ley, ejemplificando con la devolución de la sigla al partido MIR, mientras que al Partido Socialista 1 se le negó por preclusión.
Arraya destaca que la ley establece que los servidores públicos de designación o libre nombramiento deben renunciar al menos tres meses antes del día de la elección para ser candidatos.
El abogado subrayó que «el 22 de diciembre del año 2025 deberían de (haber) renunciado todos los servidores públicos que querían ser candidatos a alcaldes, a gobernadores, asambleístas y a concejales municipales», y se preguntó si «han renunciado».
Entre los casos mencionados, Arraya cita a un rector en el Beni y concejales y asambleístas que no habrían renunciado, así como catedráticos actuales que son candidatos sin haber sido electos por voto universal, pidiendo solo licencia indefinida.
El abogado también se refirió a la detención de un juez de garantías constitucionales, calificando el hecho como «gravísimo» y una forma de «coartar la independencia del órgano judicial». Arraya argumenta que la detención se produjo bajo la figura de preclusión, y que el juez no debería haber aceptado el caso.
Finalmente, Arraya cuestiona la aplicación del principio de igualdad universal y la discriminación en la justicia boliviana. Como ejemplo, menciona que, a pesar de que al Partido Socialista 1 se le negó la vigencia de su sigla por preclusión, al partido MIR se le devolvió su sigla «sin ningún problema y sin ningún ningún desparpajo».
