El Gobierno alista una redistribución de los policías en los diferentes municipios sobre la base de un “estudio matemático de análisis”

Estas acciones se desarrollarán en el marco del plan integral de seguridad ciudadana, diseñado y puesto en marcha en la gestión del presidente Luis Arce para hacer frente a la inseguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia.

El Gobierno trabaja en un “estudio matemático de análisis”, para mejorar la distribución de los policías en los diferentes municipios, como parte de la política de seguridad ciudadana y la reforma policial, informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

“No se han tomado en las previsiones en gestiones pasadas respecto a este crecimiento y explosión demográfica que tenemos en el país, la cual debería estar acompañada con un crecimiento del número de policías”, explicó en una entrevista en Bolivia Tv.

De acuerdo a los datos expuestos, en 2017 la relación era un policía por cada 285 personas, y en 2021 la relación subió a uno por cada 317 personas. A esto se suma que en 2023 no habrá egreso de nuevos policías, porque en 2019, en el gobierno de facto de Jeanine Áñez, se suspendió el ingreso a los institutos policiales.

Ante esta situación, “se trabaja en un estudio matemático de análisis que permita mejorar la distribución de efectivos policiales, para que todos los municipios puedan contar con efectivos policiales y, además, desarrollar su trabajo de manera eficaz y eficiente”, informó.

Estas acciones se desarrollarán en el marco del plan integral de seguridad ciudadana, diseñado y puesto en marcha en la gestión del presidente Luis Arce para hacer frente a la inseguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia.

Estas iniciativas forman parte de la reforma policial que está en marcha, con la aprobación de leyes como la de carrera del generalato y otras en redacción como una nueva norma de régimen disciplinario.

Ríos informó que el Gobierno está enfocado en mejorar la seguridad ciudadana y en esa lógica planteó que las alcaldías como la de El Alto cumplan con su contraparte facilitando acuerdos y entregando equipamiento a las diferentes unidades policiales.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, recibió en cuatro oportunidades un convenio para la implementación de la segunda fase del proyecto BOL-110; sin embargo, hasta la fecha, no lo firmó, lo que impide que el Gobierno entregue 700 cámaras de videovigilancia.|| ABI

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