En una inspección realizada en las subalcaldías de los distritos 4 y 5 de Sucre, se hallaron «más de 600 bolsas de cemento completamente endurecidas», cuya administración ha generado serias dudas sobre el destino de los dividendos de FANCESA entregados al municipio. La denuncia, respaldada por la concejal Goya Fernández y otras autoridades, fue interpuesta ante el Ministerio Público y la FELCC por presunto «daño económico» al patrimonio de la ciudad.
Durante la inspección, se constató que «las bolsas de cemento tenían fechas de fabricación vencidas» y se encontraban «almacenadas sin uso en depósitos y juntas vecinales». Según declaraciones del subalcalde del distrito 4, el material «sería sobrante de proyectos ejecutados», aunque posteAutoridades evidencian «cemento en mal estado» almacenado en subalcaldías
riormente se argumentó que «habrían sido donaciones». Sin embargo, las autoridades advirtieron que el cemento «tiene un código de trazabilidad», lo que permitiría identificar su origen y destino.
La denuncia también señala que tras conocerse la intervención, «se habrían retirado en volquetas bolsas de cemento con rumbo desconocido», supuestamente destinadas a una unidad educativa. No obstante, se alertó que «su estado inutilizable evidencia un intento de ocultar pruebas». Además, se recibió información de que «más de 1.500 bolsas de cemento endurecidas» estarían almacenadas en propiedades particulares e incluso que «parte del material podría haber sido trasladado a Santa Cruz para la construcción de una clínica privada».
Las autoridades municipales, en lugar de esclarecer los hechos, «han obstaculizado el acceso a documentación e información», agravando así la situación jurídica de los implicados. «El subalcalde desapareció de la oficina cuando se realizó la verificación conjunta con el Ministerio Público y la FELCC», denunciaron los fiscalizadores.
De acuerdo con los registros, el Gobierno Municipal de Sucre recibió «181.296 bolsas de cemento en 2023 y 2.266 en 2024» como parte de los dividendos de FANCESA, pero gran parte de este material «se encuentra almacenado en malas condiciones, sin cumplir su propósito de atender las necesidades de la población».
La denuncia inicial fue presentada por «daño económico», pero se anunció que «se ampliará la querella con otros tipos penales contra posibles autores». «Estamos exigiendo una investigación transparente para que se determine el destino real de este cemento y los responsables de su manejo irregular», concluyeron las autoridades.
