Sucre, 10 de septiembre (ANV).- El delegado defensorial de Chuquisaca, Humberto Mayorga señaló que las jornadas de seguridad preventiva en recintos penitenciarios “no deben quedarse en iniciativas aisladas, sino convertirse en una práctica constante y sistemática” para atender integralmente la crisis carcelaria.
Mayorga explicó que en Sucre ya se atendió a varias personas con preocupaciones relacionadas con la seguridad, pero insistió en que la problemática alcanza también a las carceletas y no solo a las cárceles de mayor tamaño. “Estamos reiterando una nota al Director Departamental (de régimen Penitenciario) para que se nos haga llegar el cronograma de estas jornadas, porque entendemos que no es una sola, y no debe ser una sola”, sostuvo.
El delegado recordó que la Defensoría del Pueblo de Chile ya advertía desde 2022 sobre los efectos negativos de la detención preventiva, una situación que también preocupa en Bolivia. “No debemos verla solamente desde la persona detenida, sino desde la integralidad de la situación penitenciaria: policías, personal administrativo y familias que acuden a los días de visita”, remarcó.
Asimismo, Mayorga cuestionó la falta de implementación de las manillas electrónicas como alternativa a la detención preventiva, debido a trabas presupuestarias. Consideró que este tema, junto con el hacinamiento y la demora en los procesos judiciales, debe ser colocado en la agenda pública.
El delegado recordó que en 2023 Chuquisaca enfrentó una situación “muy dolorosa” vinculada al retraso procesal y pidió que las autoridades trabajen en soluciones estructurales. “Existe una urgente necesidad de generar políticas penitenciarias que garanticen el debido proceso y la seguridad de toda la población”, concluyó.
