Sucre, 3 de diciembre (ANV).- Ruth Zambrana, en calidad de control social del Órgano Judicial, ha denunciado públicamente en Sucre una serie de irregularidades y actos de corrupción dentro del Consejo de la Magistratura, señalando directamente a Gilca Calvimonte, Consejera de Sucre, y a Carlos Spencer, a quien acusa de liderar una «mano negra» dentro de la institución.
Zambrana ha presentado documentación sobre antecedentes de funcionarios traídos de Santa Cruz a Chuquisaca por Spencer, y ha cuestionado el uso de una avioneta privada por parte de un funcionario, solicitando una investigación a la DGAC. La denunciante ha instado al presidente y vicepresidente de Bolivia, así como al presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Bautista, a tomar acciones contra la corrupción que, según ella, ha permeado a los jueces en todo el país.
Zambrana ha manifestado que su presencia en Sucre responde a un pedido de funcionarios y jueces locales que denuncian el «abuso discriminado» por parte de la consejera Gilca Calvimonte. La denunciante ha extendido su llamado a la acción al presidente y vicepresidente de Bolivia, recordándoles su compromiso de acabar con la corrupción. Según Zambrana, la corrupción en el Consejo de la Magistratura no solo no ha cesado, sino que «se está articulando más» que en gobiernos anteriores.
La acusación principal de Zambrana se centra en Carlos Spencer, a quien describe como el artífice de una red de corrupción. Afirma que Spencer ha traído a Chuquisaca a funcionarios de Santa Cruz con antecedentes, mencionando a Fernando Rioja como director nacional de fiscalización. Zambrana ha presentado documentación que respalda estas afirmaciones. Además, ha revelado que Spencer ha formado un equipo con Emilio Redondo Cacho, quien, según la denunciante, es diligenciero del ministro Óscar Justiniano Pinto y ahora funge como director distrital del Consejo de Administración de Chuquisaca.
Un punto clave de la denuncia es el uso de una avioneta privada. Zambrana ha informado que Spencer y Arredondo habrían viajado de Santa Cruz a Chuquisaca en una avioneta que, según la denuncia, pertenece a Arredondo. La denunciante ha cuestionado cómo un funcionario público del Consejo de la Magistratura puede poseer una avioneta privada y ha solicitado una investigación a la DGAC para determinar la propiedad de la aeronave y la identidad del piloto.
Zambrana ha pedido una intervención a nivel nacional del Consejo de la Magistratura, comparándola con la intervención realizada en el caso Inra por Andrea Barrientos. Ha recordado que en años anteriores, el Consejo de la Magistratura no fue investigado y que, según información pública, consejeros anteriores cobraban por nombramientos de vocales, jueces y secretarios. La denunciante ha enfatizado que la corrupción en el Consejo de la Magistratura ha llevado a la corrupción de los jueces en los nueve departamentos de Bolivia, citando quejas en Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Sucre.
Finalmente, Zambrana ha interpelado directamente al presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Bautista, instándolo a investigar a sus colegas y a denunciar la corrupción dentro de la institución. Ha afirmado que, a pesar de no trabajar en la institución, recibe denuncias de todo el país debido a su experiencia personal y su rol como «portavoz de la injusticia boliviana» y control social bajo la ley 341.
