La Federación de Choferes de Chuquisaca, la Central Obrera Departamental (COD) y el Gobierno departamental expresaron su rechazo al Decreto Supremo 5676, que establece un precio de 18 bolivianos por litro de diésel para grandes consumidores. Los sectores advierten que la medida encarecerá el transporte, afectará la producción de la Fábrica Nacional de Cemento (FANCESA) y golpeará la economía de las familias chuquisaqueñas.

Tras una reunión de emergencia, la Federación de Choferes de Chuquisaca exigió la abrogación total del Decreto Supremo 5676. El secretario ejecutivo del sector, Teodoro Copa, informó que solicitarán a la Confederación Nacional convocar a un ampliado o Congreso Nacional de los nueve departamentos para definir acciones, y no descartaron asumir medidas de presión si no son atendidas sus demandas. “El transporte se encarecerá y la población pagará las consecuencias”, advirtió el dirigente.

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Chuquisaca (COD), Marcelo Torres, señaló que la falta de concertación del Gobierno nacional con los sectores productivos y municipios agrava la inestabilidad política y social en el país.

Torres advirtió sobre la inminente crisis económica que afectará a la canasta familiar debido al incremento del costo del diésel para grandes consumidores, que se trasladará a los precios de los alimentos y servicios básicos.

El asesor general de la Gobernación de Chuquisaca, Fernando Fernández, manifestó la profunda preocupación del Ejecutivo departamental ante las consecuencias operativas y financieras del Decreto Supremo 5676.

Fernández explicó que la norma afecta de manera crítica el funcionamiento del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) y pone en riesgo la estabilidad operativa de la Fábrica Nacional de Cemento (FANCESA). El funcionario estimó un incremento mensual de entre 800.000 y 900.000 bolivianos únicamente en la adquisición de carburantes para la cementera, lo que podría derivar en un aumento del costo del cemento en el departamento.

El Decreto Supremo 5676 elimina la subvención del diésel para grandes compradores en Bolivia, fijando un precio referencial de 18 bolivianos por litro para este sector, sin incrementar el costo subvencionado de 9,80 bolivianos para el transporte público y usuarios particulares.

La medida afecta a empresas o sectores industriales que compran grandes volúmenes, como más de 20.000 litros mensuales. El objetivo declarado por el Gobierno es disminuir el gasto fiscal y evitar el contrabando de combustible, debido a la brecha de precios con países vecinos.

La Federación de Cooperativas Mineras se declaró en estado de emergencia y rechazó categóricamente la aplicación del Decreto, exigiendo al Gobierno nacional su inmediata abrogación. El sector argumenta que la medida atenta contra la economía de miles de familias bolivianas que dependen de la actividad minera.

Fidel Copa Veramendi, presidente del consejo de administración de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Oruro, señaló que el incremento del precio del combustible para grandes consumidores elevará el costo de producción y reducirá los ingresos de las cooperativas.

En el oriente del país, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, exigió la abrogación del Decreto y convocó a un Congreso Extraordinario de productores para el 27 de agosto, con el fin de definir las próximas acciones.

“Este decreto no puede seguir adelante y tiene que ser abrogado”, afirmó Frerking, quien advirtió que el actual esquema de precios genera mayor corrupción, mercado negro y especulación en el diésel. Además, alertó que el decreto provocará un aumento en el precio de todos los insumos de la canasta familiar.

Productores de San Julián realizaron un mitin de protesta y dieron un plazo de 48 horas al Gobierno para abrogar el Decreto, advirtiendo que iniciarán bloqueos y nuevas medidas de presión si su demanda no es atendida. Durante la protesta, los productores rompieron simbólicamente una copia del decreto y aseguraron que esta movilización marca el inicio de sus acciones, pese al estado de excepción vigente en el país.

Los sectores de Chuquisaca coinciden en que la medida fue adoptada sin consenso y que sus efectos se sentirán en toda la cadena productiva. «El transporte se encarecerá y la población pagará las consecuencias», advirtió Teodoro Copa.

Por su parte, la Gobernación de Chuquisaca estima que el impacto en FANCESA y SEDCAM profundizará la crisis económica del departamento, mientras la COD advierte que la falta de diálogo agrava la inestabilidad social. El Gobierno nacional, a través del vocero presidencial, defendió la medida como necesaria para reducir el gasto fiscal y combatir el contrabando de combustibles.