Quién es dueño de un banco importa, porque determina a dónde va el dinero que ese banco genera.
En Bolivia, la respuesta a esa pregunta requiere atravesar capas de sociedades anónimas, registros corporativos en Panamá, fondos de inversión en Luxemburgo y holding en Bermudas antes de llegar a una persona o una familia.
El análisis sistemático de las estructuras accionarias oficiales, depositadas en la Bolsa Boliviana de Valores y en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), y del trabajo de investigación de Nathanael Hastie, revela un patrón consistente: el capital bancario boliviano está diseñado para que sus beneficios viajen lejos.
BISA: el centenario presidente y la sociedad panameña que lo controla todo
El banco BISA, segundo mayor del sistema con activos de USD 4.500 millones y el más rentable de 2025 con USD 111 millones en utilidades, tiene a su frente institucional a Julio León Prado, ingeniero civil nacido en Quillacollo, Cochabamba, hace 100 años, presidente del Directorio desde hace décadas.
Pero la arquitectura de control efectivo del banco es panameña. La cadena es la siguiente: Junet Internacional S.A., sociedad registrada en el Registro Público de Panamá bajo la ficha 27012, Rollo 1354, controla el 99,99% de ICE Ingenieros S.A., que a su vez posee el 97,014% del Grupo Financiero BISA S.A., dueño del 60,63% del Banco BISA S.A.
El beneficiario final y director de Junet Internacional es Gian Enrique Castillero Guiraud, ciudadano panameño con pasaporte N° PA1046466, con domicilio de contacto en la firma jurídica ARIFA de Ciudad de Panamá.
Sus representantes legales en Bolivia son Tomás Nelson Barrios Santivañez (CI 192503 LP) y Julio Antonio Vargas León (CI 2892088 Cbba.), sobrino directo de León Prado, ambos integrantes del Directorio del propio banco BISA. El Grupo Financiero BISA posee además el 83,22% de BISA Seguros y el 97,98% de La Vitalicia, con lo que todos los dividendos de las empresas operativas del grupo ascienden hacia la sociedad controladora y, de allí, a Panamá.
Red panameña
Una sociedad panameña llamada Junet Internacional controla efectivamente al banco BISA mediante tres eslabones societarios.
Cuando el BISA distribuyó Bs 392,1 millones en dividendos el 30 de enero de 2026, cerca de Bs 332,4 millones fluyeron, a través de esta cadena, hacia estructuras controladas desde Panamá. El mecanismo no demora más de cinco días.
Mercantil Santa Cruz: el clan Zuazo y las sociedades opacas
El Banco Mercantil Santa Cruz, el mayor del sistema con activos superiores a USD 5.000 millones, concentra el 95,19% de su capital en cuatro sociedades: Sociedad Controladora Mercantil Santa Cruz S.A. (51,01%), Compañía Inversora Easton S.A. (19,64%), Inversiones JAEM (13,18%) e Inversora Zubat S.A. (11,36%).
La última es controlada directamente por el clan Zuazo: Germán Zuazo Chávez posee el 52,76% y su hija Yascara Vanessa Zuazo el 47,22%, mientras su hijo Darko Ivan Zuazo preside el Directorio del banco. Pero incluso las sociedades controladoras aparentemente bolivianas utilizan estructuras offshore: el grupo usa sociedades panameñas como Valazo S.A. y Trumbull Corporation para estructurar participaciones, según documenta Hastie.
Cuando el Mercantil distribuyó Bs 208,1 millones en dividendos de gestión 2025, el resto de los dividendos fluyó hacia sociedades cuya titularidad última desaparece en registros corporativos opacos.
BNB, Económico y la élite empresarial en los directorios
El Banco Nacional de Bolivia —fundado en 1871, el más antiguo del sistema— está controlado en un 80,61% por BNB Corporación S.A., sociedad dominada por la familia Bedoya. René Fernando Bedoya Ballivián controla directamente el 67,6% del capital de BNB Corporación.
En la gestión 2024, el BNB distribuyó Bs 74,8 millones en dividendos, equivalentes a USD 10,9 millones, cuya mayor parte quedó en manos de la estructura familiar.
El Banco Económico, con sede en Santa Cruz de la Sierra, distribuyó Bs 89,18 millones en su junta del 19 de enero de 2026, y su Directorio elegido para 2026 ilustra la concentración de poder económico regional: Boris Marinkovic Rivadineira, Ivo Mateo Kuljis Fuchtner, Rodolfo Weidling Kuljis y Katia Kuljis Llado, entre otros.
La interconexión entre grupos se revela en un detalle: Mario Guillermo Bedoya Garland, de la familia que controla el BNB, aparece como Director Titular “Independiente” del banco BISA.
La arquitectura que extrae el ahorro laboral
El patrón accionario determina quién se beneficia del ahorro de los trabajadores bolivianos. El Fondo de Pensiones —valorado a junio de 2025 en USD 28.647 millones, el 60% del PIB nominal, perteneciente a 2,7 millones de trabajadores— mantiene más del 52% de su cartera en instrumentos bancarios. De ese total, unos USD 3.700 millones están en bonos subordinados en bolivianos que han perdido más del 31% de su valor real desde 2023.
Al mismo tiempo, los accionistas de los bancos —familias cruceñas, fondos holandeses, holdings en Bermudas, sociedades panameñas— cobraron dividendos, los convirtieron a dólares al tipo oficial y los enviaron al exterior.
“El banco BISA, como los otros bancos emisores de bonos subordinados, podría haber pagado esa obligación con las utilidades obtenidas en 2025, manteniendo su valor patrimonial y evitando que los trabajadores pierdan más valor del que ya perdieron en los últimos tres años por el descalce del tipo cambiario”, señala Edith Gálvez, analista financiera. “La incertidumbre apunta a la legitimidad de un marco legal que permite esta aritmética, y a la capacidad de una sociedad para sostenerse cuando quienes controlan el capital lo internacionalizan sistemáticamente mientras quienes generan valor ven sus ahorros evaporarse en devaluaciones estructurales”.
Hasta el cierre de esta investigación, el 18 de febrero de 2026, ni la Gestora Pública ni la APS respondieron a los requerimientos de información de este medio.
Fassil y los millones del Fondo de Pensiones en riesgo
El caso del Banco Fassil añade la dimensión más inquietante al panorama del sistema bancario boliviano. El banco fue intervenido por el Estado en 2023 tras revelarse una red de créditos vinculados fraudulentos, cuyo caso más emblemático fue un préstamo de Bs 28 millones otorgado a un joven de 18 años sin capacidad de pago demostrable. La estructura accionaria pre-colapso mostraba que Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A. poseía el 69,05% del capital, Santa Cruz Financial Group S.A. el 28,91%, y Santa Cruz Asset Management el 2,04%, con empresarios cruceños articulados principalmente por Ricardo Mertens. El primer interventor murió en circunstancias extrañas en Santa Cruz.
Lo que los datos de la Gestora Pública al 30 de junio de 2025 revelan es que el Fondo de Pensiones —pese a la intervención de 2023— tenía invertidos USD 1.252.456.154 en el Banco Fassil, el 4,37% del portafolio total. Esa cifra equivale al 100% del Fondo de Pensiones de todo el año 2009. Refleja instrumentos aún vigentes en proceso de recuperación, pero su prelación de cobro en caso de liquidación definitiva es la última: los bonos subordinados se pagan después de todos los demás pasivos.
¿Cómo se contabiliza y pondera ese riesgo en la cartera de inversiones de la Gestora? No existe informe público al respecto. Ni la Gestora ni la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) respondieron a las consultas de este medio antes del cierre de la investigación el 18 de febrero de 2026. El vacío de información pública sobre el estado real del Fondo abarca todo el segundo semestre de 2025: exactamente el período en que los bancos distribuyeron sus utilidades récord.
Vía. El País de Tarija.
