Sucre, 29 de abril (ANV).- El Comité Impulsor del Referéndum para la reducción de sueldos y de la Democracia Directa participativa ha expresado su rechazo a la aprobación de leyes sin consulta a la población, según declaraciones de Víctor Quispe, representante del comité.
La organización ha manifestado su preocupación por normativas como la Ley 1720 y la Ley Brisa, así como otras leyes que, según ellos, «están viniendo por atrás para poder castigarnos a la población». El comité demanda una socialización exhaustiva de todas las leyes para que la ciudadanía conozca si estas benefician o perjudican a la población.
El comité también ha señalado la aprobación de nuevas leyes relacionadas con créditos, cuestionando el destino de estos fondos y la falta de control social por parte de las autoridades orgánicas, en contravención de la Ley 341.
Se ha recordado que el cabildo del 11 de abril estableció un plazo hasta el 6 de mayo para la reducción de sueldos y otros temas planteados. En caso de no cumplirse estas demandas, se advierte que se tomarán «cualquier acciones que sea necesario» como bloqueos y paros que perjudican a la población. El comité enfatiza que los responsables de esta situación son quienes no están tratando las normas solicitadas.
Finalmente, el comité ha negado cualquier condicionamiento político en sus exigencias, afirmando que su enfoque es la reivindicación social y la voz de la ciudadanía. Han advertido sobre la posibilidad de que nuevas leyes busquen «saquearnos a nosotros, a cobrar lo que están endeudándose», lo que podría llevar a una crisis.
Se ha insistido en la necesidad de concientización y socialización a través de redes sociales y medios de comunicación, y se ha destacado que la población debe tener un «poder coercitivo también consecuente» para aprobar leyes mediante referéndum.
