Sucre, 16 de mayo (ANV).- La exconstituyente María Oporto presentó este jueves una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a quienes acusa de haber cometido delitos relacionados con la alteración del contenido de la Constitución Política del Estado.
Los denunciados son Ángel Edson Dávalos Rojas, Paola Verónica Prudencio Candia, Amalia Laura Vilca y Boris Wilson Arias López. Según Oporto, los magistrados incurrieron en los delitos de prevaricato, usurpación de funciones y abuso de autoridad, al interpretar y modificar el artículo 168 de la Constitución.
“Estas autoridades del Tribunal Constitucional se han atribuido funciones que no les corresponden, se han atrevido a modificar un artículo de la Constitución Política del Estado, el artículo 168”, afirmó. En este artículo, indicó, se establece que “el periodo de mandato de la presidenta o del presidente, de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.
Oporto cuestionó que en una reciente sentencia se haya añadido la posibilidad de reelección discontinua, lo que —según su interpretación— no está contemplado en el texto original. “Esa palabra la han incorporado en su sentencia. Lo cual es totalmente inconstitucional”, sostuvo. Y añadió: “Solo una Asamblea Constituyente puede modificar nuestra Constitución cuando se trata de derechos”.
La exconstituyente remarcó que su denuncia no es contra todos los miembros del TCP, sino únicamente contra los cuatro magistrados que, según explicó, fueron electos recientemente. “Es la misma sentencia con el mismo contenido, pero ahora son otras autoridades. Son las nuevas autoridades elegidas contra las que mi persona está realizando esta denuncia penal”, expresó.
Asimismo, diferenció este proceso de otro iniciado contra los exmagistrados del TCP, a quienes denominó “autoprorrogados”. “También se les está haciendo otro proceso penal por la vía ordinaria”, señaló. “A las autoridades ilegales prorrogadas, delincuentes, corresponde la justicia ordinaria. Pero a las autoridades electas democráticamente les corresponde un juicio de responsabilidades”.
Oporto concluyó señalando que la acción judicial busca preservar la legalidad constitucional y evitar conflictos sociales. “Están mintiendo al pueblo boliviano. Están generando conflicto social por desinformar y malinformar de manera totalmente malintencionada”, afirmó. “Tienen que ir a un juicio de responsabilidades y tener una sanción ejemplarizadora”.
