Sucre, 11 de agosto (ANV).-El abogado y analista jurídico Edgar Arraya se pronunció esta semana sobre la reciente decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anuló el proceso ordinario seguido contra el ex prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, iniciado hace 17 años.
Según explicó, Fernández fue procesado por la vía ordinaria en La Paz por delitos como genocidio, lesiones graves y homicidio, entre más de siete causas. Sin embargo, abogados y organizaciones de derechos humanos cuestionaron la competencia de los jueces paceños para conocer el caso, dado que Fernández gozaba de un derecho de privilegio, es decir, un juicio de responsabilidades.
A pesar de ello, Fernández cumplió ocho años de prisión, primero en Chonchocoro y luego en San Pedro. «Hoy, hace exactamente una semana, el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Penal determina anular obrados», dijo Arraya, refiriéndose a que el juicio nunca debió existir ni abrirse por la vía ordinaria ni en La Paz cuando los hechos sucedieron en Pando.
El fallo se ampara en la Sentencia Constitucional 405/2023, que establece que los ex prefectos deben ser juzgados mediante juicio de responsabilidades cuando cometen delitos en funciones.
Arraya destacó que varios vocales, jueces y ex magistrados confirmaron previamente la validez del proceso, pero que el TSJ decidió su anulación. Por ello, propuso que se realicen auditorías inmediatas a estos funcionarios judiciales. «Esto no puede quedar así en la impunidad», afirmó.
El abogado advirtió que los abogados de Fernández probablemente presentarán memoriales ante organismos internacionales para reclamar reparación por los daños causados durante 15 años de juicio y ocho años en prisión. Indicó que esta situación implica un costo para el Estado y la ciudadanía.
Además, señaló que este precedente puede afectar casos similares, como los de los ex prefectos José Luis Paredes (La Paz), Mario Cossío (Tarija) y la expresidenta Jeanine Áñez, cuyos procesos podrían ser anulados siguiendo la misma línea jurisprudencial.
Finalmente, Arraya hizo un llamado a los futuros legisladores para que impulsen auditorías y sanciones para jueces y magistrados que actúen fuera del marco legal, proponiendo incluso el embargo y congelamiento de bienes para cubrir eventuales indemnizaciones.
