Manfredo Bravo, coordinador del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, reconoció ayer que el paro cívico indefinido anunciado para el 22 de este mes en la región oriental es “político”.
“De acá para adelante lo que corresponde es una decisión política, si ellos no quieren abrogar el decreto pues nosotros vamos al paro y esa es una posición política, ya no es técnica, ir al paro es político y ellos con la intención de no abrogar el decreto; es una posición política”, indicó, según cita la televisora Cadena A.
El cabildo realizado en Santa Cruz el viernes 30 de septiembre determinó dar un plazo de 21 días al Gobierno para que el Censo se ejecute en 2023, de lo contrario fijó el 22 de este mes para el inicio de un paro de actividades indefinido.
De acuerdo con Bravo, quien también es vocero de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), es menester que el Gobierno abrogue el decreto que establece que la encuesta estadística se efectuará en 2024, para entablar el diálogo.
“Entonces que abroguen el decreto, sentémonos, veamos la fecha y podemos pensar en la suspensión del paro, no abrogan el decreto, ratificamos el paro y son las consecuencias de la no apertura de un diálogo real”, agregó.
No obstante, el Ejecutivo, mediante el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Planificación convocó en varias oportunidades a los miembros de dicho comité para que sean parte de las conversaciones y acuerdos en torno al Censo, pero sin resultados porque se mantienen en su postura radical e intransigente.
A esa posición, se suma que la propuesta que presentó la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) sobre el Censo estaba incompleta y carecía de sustento técnico para justificar que realización de la encuesta estadística puede adelantarse.
Los empresarios de Cochabamba y productores de Santa Cruz expresaron su preocupación ante el anuncio de paro indefinido porque la medida perjudica a la economía de cada boliviano y del país.|| AEP
