Sucre, 7 de julio (ANV).- La alcaldesa de Sucre, Fátima Tardio, informó sobre los resultados de una reunión de conciliación con los sindicatos municipales y la Central Obrera Departamental (COD), en la que descartó la existencia de despidos o atentados a la estabilidad laboral.
Al tiempo que anunció avances significativos en las investigaciones de la Unidad de Transparencia, destacando la denuncia ante el Ministerio Público del denominado «caso Gasolina», en el cual se detectó que el presupuesto anual de combustible de la comuna fue agotado en solo cuatro meses por la administración anterior mediante presuntos actos delictivos.
Durante el encuentro con los representantes de los trabajadores, la autoridad municipal aclaró que no se está aplicando ninguna reestructuración y que se respetará la Ley General del Trabajo y el fuero sindical. Respecto a los reclamos por la remoción de tres funcionarios, Tardio explicó que la medida consistió en una instrucción legal para que retornaran a sus cargos de origen, lo cual no representa una vulneración a sus derechos.
Tras la reunión, la alcaldesa aseguró que se llegó a un acuerdo para trabajar conjuntamente, manifestando que «no hay mayores problemas entre el sindicato y la autoridad no solamente ejecutiva, sino también el resto de los secretarios».
Por otra parte, la alcaldesa detalló el estado de las auditorías y las investigaciones de la Unidad de Transparencia, la cual prevé presentar próximamente seis casos con funcionarios involucrados. El proceso más avanzado es el «caso Gasolina», ya remitido a la Fiscalía, el cual expone que el presupuesto de combustible para todo el año fue consumido en los primeros cuatro meses de la gestión pasada.
Entre las anomalías detectadas se encuentran sobrecargas repetitivas en vehículos oficiales, el abastecimiento a motorizados privados y el desvío de combustible destinado a sectores como Salud, Defensorías y el SLIM para beneficio de particulares y presuntos fines de campaña.
Finalmente, Tardio señaló que la Unidad de Transparencia también ha identificado otras irregularidades que incluyen falsificación de títulos y retención de documentos para evadir responsabilidades administrativas.
Al respecto, la autoridad enfatizó que se mantendrán las exigencias de idoneidad en la función pública, señalando que «se respeta el fuero sindical, que se respetan los derechos de los trabajadores, que se respeta la Ley General del Trabajo, pero que sí se exige trabajo, responsabilidad, conocimiento y que cada persona esté en el lugar para el cual ha sido contratada».
