El gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Eduardo Valdivia Medling, posesionado el pasado 20 de abril, viajó el 18 de junio a Estados Unidos para asistir al Mundial, dejando la dirección de la aerolínea en manos del encargado financiero Gabriel Condori Mamani como gerente general interino. La decisión generó malestar entre los trabajadores y críticas de sectores políticos, en un contexto de demoras continuas, reducción de la flota de 14 a 9 aeronaves y denuncias de falta de pago de viáticos al personal.

Según fuentes cercanas a la empresa, el viaje se produjo pese a que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, había advertido a Valdivia que no podía dejar el cargo por no contar con vacaciones acumuladas, al haber transcurrido solo 60 días desde su designación. La salida se concretó en un vuelo comercial de Avianca vía Bogotá, según las denuncias. Tanto el presidente Rodrigo Paz como el ministro Zamora tendrían conocimiento del hecho y no habrían tomado acciones al respecto, según los denunciantes.

La bancada de la agrupación política Libre, a través de su jefa en Santa Cruz, Patricia Arancibia, calificó la situación como un reflejo de la falta de capacidad en la administración estatal y exigió el procesamiento penal y el despido del gerente.

“El problema de nombrar a personas sin capacidad para manejar una institución, solo provoca que eludan sus responsabilidades, en este caso para irse de ‘vacaciones’ al mundial”, declaró Arancibia. “No podemos permitir que sigan los malos funcionarios”, manifestó, al solicitar que Valdivia sea procesado por incumplimiento de deberes y que reciba un memorándum de despido.

La gestión de Valdivia había sido presentada por el Gobierno como parte de una reestructuración de la aerolínea estatal, con el objetivo de hacerla rentable y competitiva. Durante su posesión, el ministro Zamora aseguró que su designación respondía a su capacidad y conocimiento en el sector aéreo.

Sin embargo, las denuncias de los trabajadores apuntan a que, en lugar de avanzar en ese plan, la empresa enfrenta una reducción de su capacidad operativa y problemas administrativos.

El Comité Multisectorial también se pronunció sobre el caso, cuestionando la continuidad de funcionarios que, en su criterio, no cumplen con sus obligaciones y perjudican a la población.