La Paz, 9 de enero (ANV).- Diversas asociaciones municipales de Bolivia, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia) y los gobernadores de La Paz y Santa Cruz han expresado su rechazo a la restricción del uso de recursos públicos dispuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante el Comunicado MEFP/VPCF/DGPGP N° 001/2026, bajo el marco del Decreto Supremo N° 5503.
Mientras las entidades territoriales denuncian una vulneración a su autonomía financiera y advierten sobre la paralización de proyectos de salud y obras, el Gobierno nacional, a través de su cartera de Economía, ha convocado a una reunión técnica con la FAM-Bolivia para aclarar que la medida responde a un «techo presupuestario» temporal y no a un recorte definitivo, buscando despejar dudas sobre la disponibilidad de los fondos.
La Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz (AGAMDEPAZ), junto a organizaciones similares en Chuquisaca (AGAMDECH), Oruro (AMDEOR), Santa Cruz (AMDECRUZ) y Cochabamba (AMDECO), se declararon en estado de emergencia.
Según los pronunciamientos emitidos por estas instituciones, la disposición limita el compromiso de gastos al 20% del presupuesto institucional, lo que, a su juicio, imposibilita el cumplimiento de obligaciones laborales y la continuidad de servicios básicos. Por su parte, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) alertó que esta medida afecta la cadena de pagos a proveedores locales y la atención a grupos vulnerables.
En el ámbito departamental, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, criticó la medida asegurando que compromete la economía de su región. Quispe advirtió que la disminución de recursos obligará a recortar planillas y servicios esenciales.
«Reducir el 30% de la economía del departamento significa menos personal en salud, menos recursos para proyectos en ejecución y compromete la continuidad de obras que ya están en marcha», señaló la autoridad paceña, quien además convocó a una reunión con alcaldes provinciales para el próximo martes 13, sin descartar bloqueos de caminos si no se halla una solución.
Desde Santa Cruz, el candidato a la gobernación Juan Carlos Medrano manifestó su preocupación ante lo que considera un incumplimiento de las promesas de pacto fiscal por parte del nivel central. Medrano cuestionó la postura del actual gobernador Luis Fernando Camacho frente a esta restricción presupuestaria, sugiriendo una falta de confrontación ante las decisiones del Ejecutivo nacional.
Ante la escalada del conflicto, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitió un comunicado oficial informando que ha cursado una invitación formal a la FAM-Bolivia para una mesa de trabajo. «Esta convocatoria responde a la voluntad del Gobierno nacional de escuchar, dialogar y coordinar acciones con los gobiernos autónomos municipales, en el marco del respeto al régimen de autonomías y a la normativa vigente», indicó la cartera estatal.
El Gobierno sostiene que la medida es una respuesta necesaria ante la emergencia económica, financiera, energética y social que atraviesa el país.
