Sucre, 22 de diciembre (ANV).-  Un registro de correspondencia del Ministerio de Economía filtrado a los medios revela que la expresidenta Jeanine Añez Chávez remitió el pasado 12 de diciembre una solicitud formal al ministro José Gabriel Espinoza para que se le cancele la renta vitalicia establecida en la Ley 376, un beneficio que, tras el incremento del salario mínimo nacional a 3.300 bolivianos, ascendería a 33.000 bolivianos mensuales y generaría un pago retroactivo de aproximadamente 1,7 millones de bolivianos por los últimos cinco años.

El documento, con fecha 12 de diciembre de 2025 a las 10:54 y con referencia «Solicitud de Renta Vitalicia en aplicación de la ley 376 de 15 de mayo de 2013», fue dirigido al titular de Economía. La solicitud se enmarca en el procedimiento legal que deben seguir los exmandatarios para acceder al «Reconocimiento Pecuniario» que otorga el Estado, equivalente a diez salarios mínimos nacionales de por vida.

La Ley Nº 376, promulgada en 2013 durante el gobierno de Evo Morales, establece que el beneficio es financiado por el Tesoro General de la Nación y se paga a los ex presidentes y ex vicepresidentes constitucionales que lo soliciten, siempre que no perciban otra remuneración estatal. El artículo 2 de la norma fija el monto en «diez (10) salarios mínimos nacionales mensualmente», por lo que cualquier ajuste en este índice impacta automáticamente en la renta.

Con la promulgación del Decreto Supremo de Emergencia Económica que fija el nuevo salario mínimo en 3.300 bolivianos, el monto correspondiente a la renta vitalicia se elevó a 33.000 bolivianos mensuales. Según los cálculos basados en la normativa, si la solicitud de Añez es aprobada, la exmandataria recibiría un pago retroactivo por los periodos en los que no se le habría cancelado el beneficio desde que terminó su mandato.

El procedimiento establece que, una vez presentada la solicitud con la documentación que acredite el ejercicio del cargo, el Ministerio de Economía debe emitir una Resolución Ministerial en un plazo de 15 días disponiendo el pago si corresponde.

La filtración del documento genera un debate público en un contexto de ajuste económico y medidas de austeridad. El gobierno de Rodrigo Paz no se ha pronunciado oficialmente sobre la solicitud ni sobre la procedencia del pago retroactivo, mientras la noticia amplifica la discusión sobre los beneficios de la clase política frente a la situación económica de la población general.