La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari confirmó un bloqueo general e indefinido en las 20 provincias del departamento desde el miércoles 6 de mayo a las 00:00, mientras que una marcha indígena proveniente de Pando y Beni llegó a inmediaciones de La Paz con un ultimátum de 24 horas al Gobierno para exigir la abrogación de la Ley 1720, en un escenario que suma adhesiones de la Central Obrera Boliviana (COB) y el sector del autotransporte, según declaraciones de sus dirigentes.
La medida impulsada por la federación campesina Túpac Katari exige tres puntos centrales: la abrogación de las leyes 1720 y 157, la solución al problema de la “gasolina basura” y la atención a proyectos de desarrollo pendientes. La organización responsabilizó al gobierno de las consecuencias del bloqueo, que abarcará puntos estratégicos como la carretera a Desaguadero, la vía a Copacabana, la carretera a Caranavi, los sectores de Chasquipampa y Río Abajo, y la ruta La Paz–Oruro, según el detalle oficial difundido por la federación.
A este bloqueo se suma la marcha indígena que partió desde Pando hace 24 días y recorrió la Amazonía hasta instalarse en el sector de Urujara, en el límite con la carretera a los Yungas. El dirigente Faifer Cuajera afirmó: “No nos vamos a rendir y seguimos firmes en la causa”, y advirtió que la demanda “no es política, es una reivindicación social”. La dirigente Vivian Palomeque señaló: “Si no hay solución por parte del presidente, nosotros vamos a continuar en la ciudad de La Paz, se radicalizarán todas las medidas”. Ambos anticiparon que buscarán llegar a la plaza Murillo con apoyo de otros sectores.
El conflicto coincide con la huelga indefinida anunciada por la Central Obrera Boliviana (COB) desde el 1 de mayo, que incluye entre sus demandas el incremento salarial y la cuestión agraria. Asimismo, el sector del autotransporte mantiene medidas de presión por problemas relacionados con el abastecimiento y la calidad del combustible. En medio de los bloqueos, en la salida hacia los Yungas a la altura de Urujara, decenas de personas —pasajeros, trabajadores y familias— deben caminar largas distancias cargando equipaje o mercadería como única alternativa para continuar su recorrido entre La Paz y las provincias yungueñas.
Los manifestantes cuestionan que la Ley 1720 permita la reclasificación de tierras pequeñas a medianas para acceder a créditos, al considerar que esto podría derivar en la pérdida de sus propiedades frente a sectores con mayor poder económico. “Le estamos dando 24 horas al gobierno nacional a partir del día lunes. Queremos decirles una vez más que nosotros no nos vendemos, radicalizamos nuestra marcha”, advirtió Cuajera. El Gobierno sostiene que la normativa busca facilitar el acceso a financiamiento y ha advertido sobre supuestos indicios de un “proceso conspirativo” detrás de las protestas, aunque reiteró su disposición al diálogo sin retroceder en sus políticas.
