Sucre, 26 de noviembre (ANV).- Clara Trujillo, representante de los prestatarios de la Ley 1670 en Sucre, interpuso una acción de cumplimiento ante el Tribunal Constitucional Plurinacional exigiendo la aplicación inmediata de la normativa que beneficiaría a 1.4 millones de deudores, mientras el gobierno de Rodrigo Paz busca reducir los beneficiarios a aproximadamente 45,000 prestatarios mediante modificaciones legislativas.
Trujillo demandó que «los bancos acaten la ley 1670 sin retrasos ni interpretación arbitraria» y solicitó que «se detengan los procesos de hostigamiento, cobros, demandas, amenazas, de embargo y cualquier medida extrajudicial contra prestatarios».
La representante denunció que durante la espera para la implementación, las entidades financieras «nos han puesto más intereses», calificando esta práctica como «un abuso total».
La acción legal se produce mientras el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, sostiene que el diferimiento debe llegar solo a «quienes sí lo necesitan» manteniendo «el flujo de pagos de aquellos que sí pueden pagar para que exista crédito para quienes lo necesitan». El gobierno argumenta que la versión actual de la ley afectaría el sistema crediticio nacional.
La Ley de Diferimiento de Créditos se encuentra suspendida por una medida cautelar cuyo origen atribuyen a sectores prestatarios al diputado opositor Alejandro Reyes. El Ministerio de Economía recordó que el exSenado había aprobado una versión que beneficiaría solo a 45,000 prestatarios, a diferencia de los 1.4 millones contemplados en la norma promulgada durante el gobierno de Luis Arce.
