Sucre, 17 de septiembre (ANV).- El presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Edgar Salazar, expresó su preocupación por la falta de avances judiciales en relación a los hechos ocurridos durante la crisis política y social de 2019.
“Lamentablemente coincidimos en esa llamada de atención que hace la CIDH y Naciones Unidas de que el Estado boliviano, a través de la justicia, no está cumpliendo esas recomendaciones y está dejando en total impunidad a aquellas personas que han participado de la ruptura del orden constitucional del 2019”, señaló.
Salazar explicó que su institución esperará que la próxima Asamblea Legislativa defina si se aprueba el inicio de un juicio de responsabilidades. “En su caso, vamos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos internacionales para buscar justicia por las más de 30 muertes que se han suscitado en el país el 2019”, agregó.
Por otra parte, destacó como un precedente la sentencia dictada contra dos sacerdotes jesuitas implicados en un caso de pederastia. “De manera positiva hemos visto una sentencia en contra de dos jesuitas involucrados en caso de pederastia, donde niños bolivianos han sido objeto de abusos sexuales. Aunque tarde, la justicia ha operado”, indicó.
El ex dirigente afirmó que la Iglesia Católica debe asumir un rol activo en denunciar a los responsables de estos delitos. “La Iglesia Católica tiene que denunciarlos ante el Ministerio Público para que sean juzgados de manera oportuna, no como ha ocurrido en el caso de estos jesuitas en Cochabamba que después de muchos años han recibido una condena”, sostuvo.
Asimismo, aseguró que la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia pedirá investigaciones en todos los casos de abuso sexual cometidos por religiosos. “Vamos a pedir de manera equilibrada que se investigue en todos los casos de pederastia o de violación provocados por padres de la Iglesia Católica o de otras iglesias para que no se vulneren los derechos de la niñez”, manifestó.
Salazar también se refirió a la situación de Amparo Carvajal, ex presidenta de la institución, lamentando que “haya conocido de estos hechos y que no los haya denunciado de manera oportuna”.
Finalmente, consideró insuficiente la sanción dictada en el caso de los jesuitas. “Indudablemente es una sentencia mínima. Entendemos que se está apelando y con seguridad ese caso va a llegar al Tribunal Supremo de Justicia, donde vamos a exigir que se les otorgue la mayor pena para que no vuelva a ocurrir este tipo de abusos dentro de la Iglesia Católica”, concluyó.
