Sucre,17 de junio de (ANV). – Vecinos y propietarios del edificio Padilla, ubicado en la zona de San José, denunciaron públicamente haber sido víctimas de una presunta red de estafa encabezada por una familia y otros actores, que habrían utilizado documentos falsificados y préstamos particulares para despojarlos de sus viviendas a través de remates judiciales.

Rafael Avilés, uno de los afectados, relató que fue desalojado tras haber adquirido su departamento por 120 mil dólares. “Me han despojado con advertencia de intervención de la fuerza pública. Estoy en la calle, no soy el único. Aquí mi vecino, una señora de 90 años, todos hemos sido afectados”, denunció.

Según Juan Carlos Echegaray, hijo de una de las afectadas, el problema se originó cuando los presuntos responsables comenzaron a realizar préstamos con varios abogados usando el edificio como garantía, a pesar de que la propiedad ya estaba registrada a nombre de su madre. “Han empezado a prestarse cuarenta, cincuenta, treinta mil dólares, sabiendo que iban a despojar a los propietarios”, afirmó.

La situación ha derivado en múltiples remates judiciales. Algunos acreedores se habrían adjudicado hasta tres o cuatro departamentos por montos muy por debajo del valor de mercado. “Departamentos de 120 mil dólares han sido rematados en 70 mil, con préstamos de 40 mil. Es un negocio redondo. Actualmente, varios de esos departamentos ya están produciendo renta, están alquilados, mientras los propietarios de buena fe estamos fuera”, añadió Avilés.

Los vecinos también señalaron que muchas de las personas que viven en el edificio están en calidad de anticresistas, sin documentación registrada en Derechos Reales, lo que los deja en situación de vulnerabilidad. En total, son 23 departamentos distribuidos en dos bloques (A y B), y al menos 17 propietarios afirman haber sido directamente afectados.

Echegaray explicó que miembros de la familia acusada actualmente se encuentra con detención preventiva por seis meses, aunque están solicitando cesación a la detención con el argumento de ser mayores de 60 años y tener enfermedades de base. “Aducen que están enfermos, pero lo que tememos es que salgan y continúen delinquiendo”, expresó.

La denuncia apunta a que habría una red delictiva compuesta no sólo por los presuntos responsables directos, sino también por abogados, prestamistas y otras personas que estarían implicadas en maniobras para despojar a propietarios legítimos mediante documentación presuntamente falsificada.

Los afectados han manifestado su decisión de permanecer en el edificio y resistir cualquier intento de desalojo. “Nos vamos a poner fuertes, no vamos a dejar entrar a los avasalladores”, advirtió Echegaray.

Finalmente, los vecinos exigieron una investigación exhaustiva de lo que califican como una “asociación delictuosa” y pidieron la intervención de las autoridades competentes para evitar nuevos despojos y restituir los derechos de los propietarios de buena fe.