Sucre, 30 de mayo (ANV).- El asambleísta departamental Ricardo Zárate expresó su preocupación por lo que considera una crisis institucional a nivel nacional y regional. En una declaración realizada ante medios locales, Zárate denunció una “degeneración” del sistema político, un debilitamiento del Órgano Electoral y una situación crítica en la gobernación del departamento de Chuquisaca.
“El sistema político a nivel nacional, yo creo que ya está entrando en una crisis institucional. El tema de las siglas políticas se ha convertido en un negocio”, afirmó Zárate. Según el asambleísta, la falta de coherencia entre candidatos y organizaciones políticas es un reflejo de la actual descomposición institucional. También cuestionó que el Órgano Electoral esté siendo influenciado por fallos de salas constitucionales. “Una sala constitucional define qué es lo que tiene que hacer el órgano electoral, es una pena”, expresó.
Respecto al proceso electoral previsto para el 17 de agosto, el asambleísta criticó la ausencia de legislación para blindar su realización. “La Asamblea Legislativa Plurinacional no ha emitido ninguna ley, por lo tanto, no se ha blindado este proceso electoral, y existe un sometimiento por parte del Poder Judicial, o más bien de las salas constitucionales, que están poniendo en riesgo este proceso”, indicó.
Zárate también se refirió a las tensiones entre actores políticos, señalando que actualmente se está promoviendo la renuncia del gobierno, lo que, según él, podría desencadenar una nueva crisis. “Eso me parece que no es correcto, porque debemos respetar el mandato constitucional. Si existiera un complot para forzar la renuncia del gobierno, vamos a correr el riesgo de repetir una sucesión constitucional como la de 2019”, advirtió.
En cuanto a la situación departamental, el asambleísta denunció un grave déficit económico en la gobernación de Chuquisaca. “Tenemos un déficit de 26 millones de bolivianos en el tema de hidrocarburos, en el tema de regalías”, señaló. Indicó que, pese a la necesidad de recibir 22 millones mensuales por este concepto, actualmente se están percibiendo entre 12 y 15 millones.
Zárate también denunció la falta de información por parte del ejecutivo departamental. “Hemos pedido de manera permanente que vengan a informarnos de la realidad de la gobernación, pero no viene el ejecutivo. No vienen los secretarios”, afirmó. Además, mencionó que la Ley de Fiscalización continúa entrampada en el Tribunal Constitucional Plurinacional con una medida cautelar, lo cual impide ejercer plenamente la labor fiscalizadora de la asamblea.
El legislador advirtió sobre posibles consecuencias legales debido al incumplimiento de contratos en proyectos de electrificación y otras obras. “Algunos proyectos que ya se han concluido no han sido cancelados. Yo les apuesto que van a venir los procesos en contra de la gobernación por estos temas”, indicó.
Finalmente, Zárate subrayó que, mientras se concentran los debates en candidaturas y conflictos políticos, se está descuidando la gestión pública departamental. “Nos olvidamos de la gestión pública departamental, una agenda a medias que no ha avanzado absolutamente nada”, concluyó.
