Sucre, 24 de mayo (ANV).- Una carta oficial, firmada por el presidente del Concejo Municipal de Sucre, Rodolfo Avilés Ayma, ha desatado polémica luego de conocerse que solicitó a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) una venta directa de productos de la canasta básica para concejales y su equipo de trabajo, sin necesidad de hacer filas.
El documento, con fecha 29 de abril de 2025, lleva la firma de Avilés y fue dirigido a la Gerencia Departamental de Emapa en Chuquisaca. En él se solicita la entrega de una serie de productos subvencionados como parte de una supuesta atención a funcionarios que, según se argumenta, no pueden asistir a los puntos de venta regulares “por su recargado trabajo y su destacada labor”.
La solicitud específica incluye: 10 paquetes de seis unidades de aceite comestible, 10 paquetes de diez unidades de fideo de un kilo y 20 unidades de detergente líquido.
La carta fue recibida oficialmente por Emapa, como lo confirmó su gerente regional, René Guerrero. “Sí, recibimos la nota y hubo seguimiento por parte del Concejo para el cumplimiento de lo solicitado”, declaró Guerrero según recoge el Periodismo que Cuenta, aunque aclaró que “no se les proporcionó lo solicitado”.
A pesar de la evidencia documental y del sello oficial de recepción en Emapa, el presidente del Concejo negó la existencia de la carta. “Es falsa”, afirmó Avilés, postura que fue reiterada por su exasesor Hernán Ayllón y por Freddy Rivas, encargado de comunicación del ente deliberante. Sin embargo, algunos concejales como Antonio Pino y Oscar Sandy reconocieron que, por los antecedentes, el documento podría ser verídico. “Por los antecedentes, es posible”, dijo Pino a medios locales.
La existencia del documento fue verificada de manera independiente por ANV, el cual accedió a una copia firmada y sellada.
Este hecho se suma a otro episodio reciente que involucró al mismo Concejo Municipal, cuando se solicitó el ingreso gratuito de concejales a la Fexpo Sucre 2025. En ese caso, también se negó inicialmente la autoría y se atribuyó la responsabilidad a un funcionario que habría utilizado el facsímil de la firma del presidente sin autorización. Dicho funcionario enfrenta actualmente un proceso administrativo.
Este nuevo caso vuelve a poner en el centro del debate el uso de privilegios por parte de autoridades locales. Mientras gran parte de la población realiza largas filas para adquirir productos básicos a precio regulado, la solicitud de Avilés y su equipo pone en duda el compromiso institucional con los principios de equidad y servicio público.
La ciudadanía ha reaccionado con descontento frente a lo que consideran un intento injustificado de evadir las condiciones cotidianas a las que está sometida la mayoría. La expectativa pública es clara: las autoridades deben dar el ejemplo y no buscar beneficios personales amparados en el cargo.
