Maestros ven que padres usan denuncias falsas para suspender educadores que reprueban a sus hijos

|| El Magisterio Urbano denuncia vulneración de derechos laborales y amenaza de persecución judicial en el marco de los DS 1302 y 1320

Sucre, 20 de mayo (ANV).- El dirigente del Magisterio Urbano de Chuquisaca, Rodrigo Echalar, denunció públicamente una serie de casos que, según afirmó, evidencian una política de criminalización y persecución contra trabajadores de la educación en distintas regiones del país. En sus declaraciones, señaló que esta situación vulnera derechos fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y la estabilidad laboral.

Uno de los casos que consideró emblemático es el del profesor Gustavo Sánchez, dirigente del magisterio en Quillacollo, quien —según Echalar— fue encarcelado por una denuncia sin fundamentos. “Con una simple denuncia, terminaron encarcelándolo. Un padre disconforme con las notas de su hija le inventa una acusación de corrupción de menores y el profesor, sin derecho a la defensa, sin derecho a un debido proceso, ha sido encarcelado”, afirmó. Añadió que “solamente la acción directa de sus colegas de base y padres de familia ha logrado su liberación”, aunque el educador sigue amenazado con perder su fuente laboral.

Echalar denunció también la vigencia de los decretos supremos 1302 y 1320, que —según indicó— “pisotean el debido proceso, la presunción de inocencia y nos consideran a todos los trabajadores de educación como potenciales delincuentes”. Aseguró que actualmente cualquier acción o declaración de un docente puede ser utilizada para iniciar denuncias en su contra.

En el departamento de Chuquisaca, el dirigente hizo referencia al caso del Colegio Quiroga, donde aseguró que existe una situación de hostigamiento contra los docentes. “Hemos pedido el cambio de una directora que constantemente vulnera los derechos laborales de sus colegas. Lejos de resolverse el problema, esta autoridad ahora persigue y procesa a los profesores de base usando sus mecanismos administrativos”, declaró.

Echalar también denunció otros casos similares en áreas rurales, como el municipio de Presto, donde —según indicó— “la Defensoría de la Niñez, en complicidad con la Dirección Distrital, está siendo usada como herramienta de persecución contra los dirigentes sindicales”.

Frente a estos hechos, el dirigente informó que se están organizando movilizaciones a nivel nacional. “Las autoridades tenían que darnos una solución hasta ayer, no lo han hecho. Por lo tanto, vamos a tener que iniciar movilizaciones”, sostuvo.

Finalmente, criticó la falta de acción por parte de las dirigencias nacionales del magisterio. “Lamentablemente, nuestras dirigencias nacionales no hacen nada respecto a este tema. Tiene que ser desde las bases que impulsemos la anulación de estos decretos, porque se están pisoteando nuestros derechos fundamentales como maestros”, concluyó.

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