La Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Chuquisaca llevó a cabo una marcha de protesta en respuesta a la revocatoria de licencias ambientales y a la falta de atención por parte de las autoridades gubernamentales. En la gestión 2024, el sector cooperativo minero ha aportado más de «veintidós millones de bolivianos» en regalías, pero aún enfrenta «graves problemas» relacionados con la distribución de los recursos, especialmente en el municipio productor de San Lucas. Los cooperativistas exigieron que la modificación de la ley 535 del artículo 223 se agilice, ya que actualmente la gobernación recibe el 85% de las regalías y el municipio productor solo el 15%, lo que consideran injusto.
El sector minero de Chuquisaca también expresó su molestia por la prohibición de explotación minera en el municipio de Río Chico, lo que afecta a los municipios productores que deberían recibir regalías de la minería. «La constitución dice que la regalía debe generarse de la minería,» señalaron los manifestantes.
Uno de los puntos más críticos de la marcha fue la revocatoria de licencias ambientales, que afectó a dos cooperativas del municipio de Poroma. «El gobernador ha revocado las licencias sin tener un conocimiento amplio ni verificar las leyes,» indicaron los cooperativistas, quienes exigen que se revierta esta decisión en un plazo de 72 horas. Si la autoridad no responde a sus peticiones, anunciaron que continuarán con las protestas en «estado de alerta y emergencia.»
Además, los manifestantes denunciaron la falta de apoyo en temas clave como el mantenimiento de caminos hacia las cooperativas mineras y la falta de gestión en la Secretaría de Minería, que ha sido unificada con otros cargos, lo que dificulta la atención a las necesidades del sector. «Las cooperativas mineras generan empleo y sostienen la economía nacional,» afirmaron los representantes del sector, quienes reiteraron que las actividades mineras benefician no solo al sector, sino también a albañiles, comerciantes y otros trabajadores.
Por último, anunciaron que ya se encuentran en proceso de apelación de la revocatoria de licencias ambientales en La Paz, y están dispuestos a demostrar que las decisiones tomadas por el gobernador son erróneas y no están basadas en la realidad del sector minero. «No vamos a permitir que nos despojen de nuestras licencias sin una justificación clara,» concluyeron.
